El portavoz del colectivo, Enrique José Cerrudo, destaca que se queda sin abogado el Juzgado de Violencia de Género, y en Extranjería habrá sólo seis de los 77 que tiene adscritos. Esto significa que estos servicios tendrán que ser sustituidos con letrados particulares, Abogacía del Estado o funcionarios de la Administración autonómica.

El motivo de la protesta es que el reglamento publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el pasado mes de abril hace "insostenible" el trabajo en el turno de oficio, dificulta el cobro de los servicios que prestan los letrados, e "imposibilita" la prestación del derecho fundamental a una tutela judicial efectiva.

Además de otras quejas, la principal es precisamente que la Consejería de Justicia deja en manos de los abogados que se cobren sus servicios al cliente o se encarguen de investigar si puede o no pagarlos, y los letrados entienden que eso es prácticamente imposible de conseguir, y en el caso de Extranjería se da la peculiraridad de que como máximo cobrarán por 12 ciudadanos al día, independientemente de que atiendan a más. A eso hay que unirle otras reivindicaciones como la afiliación a la Seguridad Social, la cobertura de un seguro de responsabilidad civil profesional o la equiparación progresiva durante tres años de las compensaciones económicas en función de los baremos orientadores del órgano colegial completan el escrito elevado a la Administración autonómica, donde se incluye, asimismo, la inclusión en el sistema del servicio público de salud.