La preocupación de la Comisión Europea ante la reforma de la malversación impulsada por el Gobierno español ha dejado claro que el Ejecutivo no puede seguir ignorando los reclamos de las comunidades autónomas. Mónika Hohlmeier, presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, ha sacado a relucir esta reforma en su encuentro con la vicepresidenta Nadia Calviño.
Los fondos públicos europeos que recibirá España ascienden a 162.000 millones de euros, por lo que la preocupación de la Comisión es comprensible. El delito de malversación es uno de los temas primordiales para garantizar el buen uso de estos fondos, por lo que los esfuerzos del Gobierno por cambiar las penas relacionadas con este delito son cuestionables.
Las comunidades autónomas han denunciado reiteradamente la falta de escucha por parte del Gobierno al tratar los proyectos relacionados con los fondos europeos. Según estas comunidades, alrededor del 90% de los proyectos presentados han sido desiertos debido a la falta de respuesta oportuna por parte del Ejecutivo. Esto demuestra claramente que el Gobierno debe tomarse en serio la preocupación europea y prestar la debida atención a los proyectos presentados por las comunidades autónomas.
Es necesario que el Gobierno español reflexione acerca de la reforma del delito de malversación y de la forma en la que se están gestionando los fondos europeos. El objetivo de la Comisión Europea es el de garantizar el correcto uso de los fondos por parte de los estados miembros.
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