La Fiscalía de Almería ha solicitado una pena de cuatro años de prisión para Antonio Sánchez de Amo, presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca, acusado de los delitos de apropiación indebida continuada y administración desleal. Además, se le requiere el pago de una indemnización de casi 371.700 euros por su gestión entre 2016 y 2021.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ha decidido abrir juicio oral contra Sánchez de Amo, basándose en las acusaciones, entre las que se incluye la de la 'Asociación para la libertad de Verdiblanca', que demanda una pena mayor de hasta once años de prisión por los mismos delitos.
El acusado ha negado las imputaciones, expresando su deseo de que el juicio oral permita refutar las acusaciones, las cuales considera infundadas y motivadas por una asociación formada tras el despido de una persona.
Según el escrito provisional de la Fiscalía, Sánchez de Amo habría actuado en beneficio propio desde su nombramiento como presidente en 2016, incrementando su salario como periodista un 57,15% hasta alcanzar los 70.501,98 euros sin seguir los procedimientos establecidos ni tener una justificación laboral. Este incremento salarial y las cotizaciones a la Seguridad Social generaron un coste adicional de 117.693,88 euros para la asociación, sin que este aumento se reflejara en el resto del personal.
Además, la Fiscalía sostiene que el presidente despidió arbitrariamente a varios empleados, lo que resultó en indemnizaciones por un total de 244.000 euros. Los despidos afectaron a trabajadores con una larga trayectoria en la entidad, muchos de los cuales ocupaban puestos de relevancia.
En la Navidad de 2020, Sánchez de Amo autorizó la compra directa de 650 paletillas de jamón y seis lotes de productos halal sin seguir el procedimiento habitual, lo que supuso un gasto de 25.223 euros para la asociación, excediendo en 10.000 euros el gasto de Navidad de años anteriores.
Ese mismo año, el presidente retrasó sin justificación la asamblea ordinaria y extraordinaria para aprobar las cuentas y renovar su cargo, a pesar de los requerimientos del comité de empresa y de más del 10% de las firmas de los socios.
Sánchez de Amo defiende su gestión y niega haber cometido irregularidades, atribuyendo las acusaciones a una conspiración de un pequeño grupo de empleados para alcanzar el poder en la asociación. Asegura que las subvenciones se han triplicado en los últimos cuatro años y que su administración ha implementado importantes mejoras, como la certificación UNE-ISO 45001:2018 en prevención laboral.
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