Recientemente se ha filtrado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está considerando la creación de un consejo de periodistas como medida estrella para controlar a los medios de comunicación. Sin embargo, esta propuesta no solo es inútil, sino también contraproducente.
Para empezar, lo que Sánchez propone ya existe. El Colegio Oficial de Periodistas y el Consejo Audiovisual presente en algunas comunidades autónomas como Andalucía, ya deberían cumplir con la función de supervisar y regular la práctica periodística desde el punto de vista deontológico. Pero incluso si así fuese, o si ese nuevo órgano existiese ¿cómo van a evitar que Fulano de Tal diga en una red social alguna barbaridad, tenga miles de visitas, se difunda? ¿Es que hay que regular la libertad de expresión y del derecho a la información de los profesionales pero seguir dejando campo libre a quienes sí son un peligro, que son esos fulanos y fulanas?
Los periodistas, en nuestro “leal saber y entender”, intentamos hacer un trabajo honesto, comprometido con la verdad, pero también crítico y opinativo... para eso nos hemos preparado. Esto no significa que siempre lo hagamos bien, ni que todos lo hagamos igual de bien, no significa que no nos equivoquemos, o que metamos la pata... al igual que no todos los médicos o albañiles son buenos. Entonces, ¿de qué sirve tanta transparencia y control sobre los periodistas si cualquiera desde una red social puede decir barbaridades e “informar”? No hace falta dar nombres.
El problema radica en que hoy en día la gente no busca estar informada, sino que prefiere escuchar lo que quiere oír. La sociedad está tan cabreada y polarizada que prefiere escuchar a aquellos que expresan los improperios que ellos mismos piensan y solo pueden soltar en la barra del bar con dos cubatas de más, y están dispuestos a creerse cualquier cosa por increíble que resulte, si supone un palo contra ese político o ese partido al que literalmente odia.
Ninguna nueva ley o regulación podrá evitar casos de agitadores disfrazados de periodistas, porque todos tenemos derecho a expresar nuestras opiniones, y a eso se agarran ellos. Sin embargo, parece que quienes quieren coartar son a los periodistas, que serían los únicos sometidos a este nuevo órgano de control.
A los periodistas, como a cualquier ciudadano, se les debe aplicar la ley vigente: calumnias, injurias y delitos contra el honor. Esto debería ser suficiente para periodistas, agitadores y ciudadanos, y también para los políticos, aunque ellos siempre parecen tener bula. Mientras el título de periodista no se valore en los mismos términos profesionales que los de un médico, abogado o arquitecto, y no exista un Colegio con capacidad sancionadora contra las malas prácticas deontológicas, estas medidas no servirán de nada. Incluso en ese caso, tampoco, porque cualquiera podrá publicar algo en una red social y convertirlo en viral, y como no es periodista, pues queda al margen de cualquier castigo. Y eso es precisamente lo que buscan también esos agitadores que se autodefinen como periodistas, porque a quienes acepten esas reglas del juego, automáticamente les tacharán de domesticados... mientras que ellos "dicen la verdad".
Por eso, da la impresión de que lo que busca Sánchez no es atajar los bulos -ya hay leyes para ello- sino meter en cintura a los periodistas y medios, que serían los únicos afectados por sus normas, dejando fuera a aquellos sujetos realmente peligrosos, que podrán seguir campando a sus anchas por las redes sociales, Telegram, Whatsapp, Tik Tok... Y eso está muy feo. Como diría AC/DC en su canción “Rock ‘n’ Roll Ain’t Noise Pollution”: “Rock ‘n’ roll ain’t gonna die”. La libertad de prensa tampoco debería morir bajo el peso de medidas inútiles y represivas.
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