En un giro inesperado dentro de la investigación judicial contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, el juez Juan Carlos Peinado ha sido acusado de manipular las declaraciones de una testigo para imputar a otra persona en el caso. Esta revelación ha generado un escándalo en torno a la instrucción de la causa.
Según informaciones sacadas a la luz por varios medios de comunicación, el juez Peinado modificó la declaración de la directora de Recursos Humanos del Instituto de Empresa (IE), Sonsoles Gil de Antuñano, para justificar la imputación de Juan José Güemes, directivo de la misma institución. Se ha aclarado que Gil de Antuñano nunca afirmó que la contratación de Gómez por parte de IE se debió a su condición de esposa del presidente del Gobierno, tal y como el juez Peinado afirmó durante el interrogatorio a Güemes.
El juez había preguntado a Güemes si era cierto que había dado la orden de contratar a Gómez por ser la mujer de Sánchez, a lo que Güemes respondió negativamente, insistiendo en que la contratación se realizó por motivos profesionales. Sin embargo, Peinado, al no recibir la respuesta esperada, decidió cambiar su condición de testigo a investigado, alegando que Gil de Antuñano había declarado lo contrario, lo cual ha resultado ser falso según las transcripciones de los interrogatorios.
Este hecho ha levantado críticas sobre la imparcialidad y el proceder del juez Peinado en la instrucción del caso, con acusaciones de prevaricación y manipulación de pruebas. La comunidad jurídica y diversos medios de comunicación han cuestionado la ética y la legalidad de las acciones del magistrado, sugiriendo que podría haber vulnerado la Ley de Enjuiciamiento Criminal al alterar la declaración de una testigo.
La situación ha llevado a que el ministro Óscar López haya acusado públicamente al juez de prevaricación, insinuando que las acciones de Peinado podrían tener consecuencias legales y éticas. Esta controversia añade aún más complejidad a un caso ya de por sí polémico, que ha capturado la atención de la opinión pública y ha generado debates sobre la independencia judicial y la justicia en España.
Las partes implicadas y las organizaciones de derechos humanos están a la espera de cómo se desarrollará este escándalo y si habrá alguna acción disciplinaria o legal contra el juez Peinado por estas alegaciones de manipulación de declaraciones.
CLAVES DEL CASO BEGOÑA GÓMEZ
El caso Begoña Gómez ha generado una gran cantidad de atención y controversia en España, centrándose en acusaciones de tráfico de influencias y corrupción. Aquí se presentan los detalles clave del caso hasta la fecha:
Origen del Caso:
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Inicio: El caso se inició en abril de 2024 con una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias, conocido por sus posiciones ultra-conservadoras, contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. La denuncia se basaba en informaciones de prensa que sugerían que Gómez habría ejercido influencia en contratos públicos.
Acusaciones Principales:
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Tráfico de Influencias y Corrupción en los Negocios: Begoña Gómez es acusada de haber firmado cartas de recomendación para el empresario Juan Carlos Barrabés, relacionado con varios contratos públicos, lo que podría constituir un delito de tráfico de influencias. También se le imputa corrupción en los negocios por supuestamente beneficiarse de su posición.
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Apropiación Indebida e Intrusismo Profesional: Más tarde, se le imputaron otros delitos relacionados con el uso y la apropiación de software de la Universidad Complutense de Madrid, donde Gómez dirigió una cátedra. También se le acusa de intrusismo profesional por participar en la redacción de pliegos de condiciones para concursos públicos sin ser funcionaria.
Desarrollo Judicial:
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Investigación: El juez Juan Carlos Peinado, del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha sido el encargado de la instrucción del caso. Ha citado a declarar a varias personas, incluyendo a Gómez, y ha solicitado informes a entidades como la Guardia Civil (UCO) para investigar las adjudicaciones públicas.
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Intervención de la Fiscalía Europea: Dado que parte de los fondos involucrados provenían de la Unión Europea, la Fiscalía Europea se involucró en la investigación, reclamando parte de la causa.
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Declaraciones y Testimonios: Begoña Gómez se ha acogido a su derecho a no declarar en varias ocasiones, y figuras como el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, y asesores de La Moncloa han sido interrogados.
Controversias y Críticas:
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Polémica Judicial: El caso ha sido objeto de controversia debido a acusaciones de prevaricación contra el juez Peinado por parte de la defensa de Gómez y la Abogacía del Estado, alegando que el juez habría manipulado declaraciones y llevado una instrucción "prospectiva" para encontrar delitos.
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Impacto Político: Ha habido acusaciones desde el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de que se trata de una "cacería política" por parte de la oposición, especialmente del Partido Popular (PP) y de grupos de ultraderecha.
Estado Actual:
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A fecha de diciembre de 2024, el caso sigue en fase de instrucción, con declaraciones pendientes y recursos judiciales en proceso. La investigación ha incluido la revisión de contratos, la solicitud de información sobre el personal de La Moncloa, y la evaluación de pruebas de supuestos delitos por parte de Gómez.
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