La Plataforma de Afectados por el Puerto de Carboneras, en la provincia de Almería, ha solicitado al alcalde del municipio, Salvador Hernández (CS), que actúe como mediador en la reestructuración de las instalaciones portuarias. El objetivo es que se considere un proyecto que permita "cabida a todos" los amarres y garantice la continuidad de la flota actual.
Este llamado se produjo tras una manifestación llevada a cabo el pasado jueves, donde alrededor de un centenar de personas marcharon desde el puerto hasta el Ayuntamiento. Durante la protesta, expresaron su rechazo al plan presentado por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) y la empresa Marina de San Andrés, pidiendo la "paralización" de este proyecto.
Fuentes municipales han confirmado que parte del equipo de gobierno, encabezado por el alcalde, atendió a los miembros de la asociación durante su protesta. Además, se ha acordado una reunión para el próximo martes, 25 de marzo, donde se expondrán las propuestas realizadas por los afectados.
En este encuentro participarán no solo la plataforma y el propio Ayuntamiento, sino también representantes del Club Náutico 'Isla de San Andrés', del Club Náutico de Pesca Deportiva 'La Gaviota' y del colectivo Jubilados de la Mar. La asociación ha sugerido invitar también a miembros de la cofradía de pescadores y a representantes de cooperativas locales.
Desde la plataforma han adelantado que presentarán un boceto para una nueva reestructuración del puerto que asegure que "sí tengamos cabida todos", con el fin de que sea evaluado y posteriormente trasladado a la APPA. Este plan alternativo busca evitar el desplazamiento forzoso de las embarcaciones más pequeñas, muchas pertenecientes a marineros locales.
Los afectados han denunciado que "nos quieren imponer a una empresa privada para que gestione el puerto" mediante un proyecto que limita los amarres disponibles para las embarcaciones actuales. Según sus declaraciones, esta situación podría resultar en precios abusivos que dejarían sin opciones a muchas embarcaciones recreativas.
Asimismo, han manifestado su preocupación por lo que consideran un intento de "desalojar a las embarcaciones deportivas", mayoritariamente propiedad de carboneros. Lamentan que no se haya tenido en cuenta su larga historia utilizando el puerto durante más de 30 años y pagando las cuotas correspondientes. También expresan su temor ante la posibilidad de que estas decisiones impidan que sus hijos puedan seguir disfrutando del mar en el futuro.
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