La política española tiene una curiosa habilidad para repetir escenarios, aunque siempre con un guion distinto según el color de la camiseta. Esta semana, Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha decidido acogerse a su derecho a no declarar ante la jueza que investiga dos presuntos delitos fiscales. Su actitud, recomendada por sus abogados, recuerda inevitablemente a la de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, quien hace apenas unos meses optó por no declarar ante el tribunal que investigaba sus múltiples imputaciones, algo que también hizo él. La diferencia radica en el coro de voces que entonces se alzaron —y las que hoy callan—.
El Partido Popular y su coro mediático, especialmente beligerante contra Sánchez y su entorno, convirtió la decisión de Begoña Gómez en un arma arrojadiza. Desde Génova se habló de "oscuridad", de "privilegios" y de un presidente que "utiliza las instituciones para blindarse". Se llegó a insinuar que la no declaración era una prueba de culpabilidad, mientras que dirigentes como Cayetana Álvarez de Toledo o Alfonso Serrano clamaron contra lo que consideraban un "trato de favor" del Gobierno a la familia del presidente. La narrativa era clara: quien no declara, esconde algo.
Hoy, sin embargo, el silencio de González Amador —investigado por un presunto fraude de 350.000 euros en IVA— no merece ni una frase contundente del PP y el coro mediático. Tampoco se habla de "opacidad" o de "doble moral".
La contradicción es tan evidente como reveladora. No se trata de defender la inocencia o culpabilidad de nadie —ambos casos están en fase de investigación y deben resolverse en los tribunales—, sino de señalar el cinismo con el que el PP adapta su discurso según quién esté en el banquillo. Cuando el foco apunta al rival, la retórica se llena de indignación y exigencias éticas. Cuando afecta a los propios, prima la discreción y el "no comentamos casos judiciales".
Esta dualidad no solo desnuda la hipocresía partidista, sino que erosiona el debate público. El derecho a no declarar —y a no autoinculparse— es un principio fundamental en cualquier Estado de derecho. Tanto Begoña Gómez como Alberto González Amador están en su pleno derecho de seguir los consejos de sus abogados.
Al final, el "Amador se hace un Sánchez" no es solo un juego de palabras. Es un reflejo de cómo la política española sigue anclada en la estrategia del doble rasero: lo que es inadmisible para el contrario es comprensible para el aliado. Y mientras, la ciudadanía asiste a un espectáculo donde la ética parece depender del carnet de partido.
Convendría recordar que la presunción de inocencia y el respeto a los procedimientos judiciales no son moneda de cambio. O, al menos, evitar que su doble moral sea tan transparente.
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