El Estado de Derecho se debe reforzar continuamente, en cada una de las acciones que llevan a cabo todos los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial.
La negociación política es deseable y necesaria, pero señores España es un Estado social y democrático de Derecho y existe separación de poderes. Cualquier negociación política esta sujeta a un marco legal que no se debe ni se puede sobrepasar. No dudo que los candidatos a la investidura, tanto el candidato actual designado por el Rey como el más que probable candidato posterior, no entrarán al juego de las reclamaciones de los independentistas más radicales.
La premisa para la negociación de investidura de los independentistas de Junts es la amnistía, y desde su punto de vista tiene todo el sentido, no es más que paso previo al referéndum de autodeterminación. Supondría asumir que los líderes del procés tenían razón, que los hechos acontecidos en septiembre y octubre del 2017 eran legales, que lo hicieron bien y que el Estado reprimió esta acción de forma ilegal. Como consecuencia se les proporcionaría una alta carga de legitimidad para volver a intentar el golpe al Estado de Derecho. Una ley de amnistía que se puede aprobar con una mayoría simple en el Parlamento español, aunque la última palabra la tendría el Tribunal Constitucional ante un más que probable recurso de constitucionalidad, tendría una consecuencia nefasta, pues validaría legalmente la fallida declaración de independencia, con lo cual se podría repetir de forma inminente. En consecuencia no creo que esta sea promovida, en ningún caso por ninguno de los dos partidos mayoritarios.
El irrenunciable, legítimo y deseable objetivo de reforzar los lazos de convivencia entre todos los españoles, se puede resolver con el indulto. Este a diferencia de la amnistía, implica que los candidatos al indulto deben ser juzgados, como lo han sido todos menos los fugados y además deberían afirmar que no volverán a cometer el delito por el que fueron condenados. Los fugados que precisamente se están postulando como “players prime”, liderados por el Sr. Puigdemont, una persona con tan escaso bagaje intelectual que resulta inconcebible pueda dirigir proyecto alguno y lo más increíble sea considerado por varias personas, menos de las intentan aparentar, líder indiscutible.
En la legislatura anterior el gobierno presidido por el Sr. Sánchez, ha gestionado el conflicto en Cataluña con bastante habilidad, los resultados son evidentes, han sido unos años con mucho menos ruido sobre este tema, en las encuestas de Cataluña, ha pasado a ser un problema secundario y en las elecciones generales, los partidos independentistas han perdido fuerza de forma notoria. Por lo tanto si nos remitimos a los hechos y no a la interpretación de las intenciones, en base a declaraciones o actuaciones, que pueden ser perfectamente posiciones de negociación, no debemos suponer que se van a aceptar reclamaciones que están fuera de nuestro marco legal.
Tras el resultado electoral del 23J del 2023, tenemos un nuevo escenario y las premisas que marca el independentismo más radical para negociar la investidura, son inaceptables para nuestro Estado de Derecho. Cual sería el siguiente paso que solicitaría el independentismo tras la concesión de la amnistía? Sin duda el referéndum de autodeterminación. Algo que no cabe en el marco constitucional bajo ningún concepto. No es cuestionable en nuestro ordenamiento jurídico.
Entiendo que el candidato del Partido Popular, ante la dificultad casi insoslayable de conseguir la investidura, está intentando reforzar su liderazgo en el partido y buscando posicionamiento para una posible repetición electoral, un escenario más probable. Pero estamos perdiendo un mes, creando un escenario aún más polarizado que radicaliza las posiciones, y enturbia el ambiente de negociación, para poder llegar a un acuerdo de investidura aceptable y sujeto al marco legal, por parte del candidato del PSOE, que quizás sea quién tiene alguna posibilidad de conseguir la investidura.
En cualquier caso a cualquier candidato a la investidura, le debemos exigir que dicho acuerdo se someta al marco constitucional y a nuestro ordenamiento jurídico y que por supuesto no debilite el Estado de Derecho. Sinceramente estoy convencido que la responsabilidad institucional de los principales actores que intervienen en el proceso de investidura para la presidencia de gobierno de esta legislatura, les hará estar a la altura que le exigen los españoles, y tratarán de reforzar los lazos de convivencia de todos los españoles dentro de nuestro marco legal y del respeto al Estado de Derecho.
Decía Goethe, “Nadie sabe lo que hace mientras actúa correctamente, pero de lo que está mal uno siempre es consciente.”
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