Ha pasado mucho tiempo desde que Joaquín Sabina cantaba aquello de "vivíamos de squatters en piso abandonado de Moratalaz", y muy pocos conocía que era aquello de los squatters... todo lo más teníamos noticias de una moda en la Alemania reunificada, en la que los jóvenes ocupaban edificios abandonados y los convertían en espacios culturales.
En la última década, Almería ha sido testigo de un preocupante aumento del 70% en las ocupaciones ilegales de viviendas, pasando de 145 casos en 2014 a 245 en 2024, según datos del Ministerio del Interior. Aunque las cifras oficiales indican una ligera disminución en los últimos años, es esencial profundizar en el análisis para comprender la verdadera magnitud del problema. Insisto en el dato: son denuncias anuales, lo que significan que para entender el tema hay que pensar en su acumulado, es decir, que las 245 okupaciones denunciadas en 2024 no son igual que solo haya 245 viviendas okupadas, puesto que es seguro que las denuncias de 2023 no se hayan resuelto aún, ni las de 2022... suma y sigue.
Las estadísticas oficiales se centran en las denuncias por usurpación y allanamiento de morada, dejando fuera un fenómeno en crecimiento: la inquiokupación. Este término describe a inquilinos que, tras firmar un contrato de alquiler y pagar las primeras mensualidades, dejan de abonar la renta intencionadamente y se niegan a abandonar la vivienda. Dado que la inquiokupación se considera un incumplimiento contractual y no un delito penal, estos casos no se reflejan en las estadísticas oficiales, lo que lleva a una subestimación del problema real.
Además, los procedimientos legales para desalojar a un inquiokupa son notoriamente largos y costosos. Los propietarios se enfrentan a procesos judiciales que pueden extenderse durante años, durante los cuales no solo dejan de percibir ingresos por el alquiler, sino que también deben asumir los gastos legales y, en muchos casos, los costes de reparación de los daños causados por los ocupantes. Esta situación genera una sensación de desprotección entre los propietarios, quienes ven cómo sus derechos de propiedad son vulnerados sin una respuesta efectiva por parte del sistema legal. ¿Para qué pagas registrar una escritura de propiedad, si luego ese documento no sirve para que de modo inmediato se te devuelva tu propiedad?
La creciente profesionalización de los okupas agrava aún más la situación. Estos individuos conocen las lagunas legales y las aprovechan para prolongar su estancia en las viviendas ocupadas. Incluso si son desalojados, rápidamente buscan una nueva propiedad para repetir el proceso, creando un ciclo vicioso difícil de romper.
No es infrecuente ver a los okupas presumir en redes sociales de vivir en estupendos apartamentos, pisos, chalet... por la cara, sin pagar, jactándose de que no hay quien les expulse de alli, burlándose incluso de los propietarios. Sí, como los que presumen en esas mismas redes de cobrar mil o mil quinientos euros al mes de ayudas del Estado como el IMV, de nuevo burlándose de todos... y no pasa nada, oiga.
Este panorama desalentador ha llevado a muchos propietarios a abstenerse de alquilar sus segundas viviendas por temor a convertirse en víctimas de la okupación o la inquiokupación. Prefieren mantener sus propiedades vacías antes que arriesgarse a enfrentar largos y costosos procesos judiciales para recuperar lo que legítimamente les pertenece. Esta reticencia a alquilar no solo afecta a los propietarios, sino que también reduce la oferta de viviendas en alquiler, exacerbando la crisis habitacional.
La curva de okupaciones lo demuestra. Si la miramos con atención vemos que hay un momento en que se disparan las denuncias, y que es posterior al incremento de las usurpaciones. Luego siguen creciento las denuncias porque también lo hacen estos delitos, y solo cuando comienzan a bajar es porque se ha puesto de "moda" la inquiokupación.
Minimizar la gravedad de la okupación y la inquiokupación es ignorar el sufrimiento de los propietarios afectados y las implicaciones más amplias para el mercado inmobiliario y la sociedad en general. Es imperativo reconocer la magnitud real del problema y se implementen medidas legales más efectivas y ágiles para proteger los derechos de los propietarios y disuadir a quienes buscan aprovecharse de las debilidades del sistema.
Todos tenemos derecho a la vivienda, pero es un derecho que, en todo caso, debe garantizar el Estado, y que como tantos otros no puede colisionar con otros derechos. El derecho a la vivienda no puede ejercerse contra el derecho a la propiedad privada. También existe el derecho al trabajo, y no se conoce el caso de ningún parado que se haya presentado en el puesto de un empleado para dedicarse a las tareas de éste con la esperanza de que al término de la jornada le paguen el salario a él, y no al que está contratado. También está derecho a la salud y hay enfermos, y el derecho a la vida existe... y todos morimos.
La okupación y la inquiokupación representan desafíos significativos que requieren atención urgente y soluciones integrales. Solo mediante una combinación de reformas legales, concienciación pública y apoyo a los propietarios podremos abordar eficazmente este problema y garantizar el respeto al derecho de propiedad en Almería y en toda España.
Y por cierto, si alguien quiere saber como acaban aquellas okupaciones de Sabina, les cuento que bastó con que "la vibora del entresuelo" llamase al 092, y "como no teníamos apellidos, ni hoja de parra, ni un tío concejal, ni más dios que Cupido... no sirvió de nada protestar".
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