Artículo 47

El artículo 47 de la Constitución Española dice: ¨Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación¨.

La vivienda se ha convertido en el principal problema de los españoles, así lo demuestran las ultimas encuestas, y sobre todo para los jóvenes. Fijaros en estos datos de la consultora Freemarket Corporate Intelligence, que lo titula "España no es un país para jóvenes", la tasa de propiedad de vivienda entre los jóvenes ha disminuido un 37,5% en los últimos años. El 65,9% de los jóvenes reside con sus padres, 16 puntos por encima de la media de la Unión Europea. Y con respecto al alquiler solo un 12,5% de los jóvenes españoles vive en alquiler, en Alemania, por ejemplo es el 52,5%.

Es un problema multifactorial, la concentración de los centros de trabajo en mi opinión el principal, la insuficiente oferta en zonas tensionadas, la restricción de suelo en general, la inseguridad jurídica de propietarios e inquilinos, el procedimiento administrativo que se debe simplificar, la tediosa tramitación de las licencias y los impuestos excesivos, que habría que reducir e incluso a veces eliminar,

La mayoría de las competencias en materia de vivienda están transferidas a las comunidades autónomas, pero cada nivel de la administración tiene atribuciones en este apartado. El Estado puede legislar ordenamiento básico y de coordinación y puede regular la actividad económica ligada a la vivienda y la concesión de ayudas y beneficios fiscales. Las Comunidades Autónomas tienen la competencia de la ordenación, la promoción pública y el control y programación de la vivienda social. Y los Ayuntamientos, la promoción y gestión de la vivienda de protección pública, así como su conservación y rehabilitación, además de las que le sean atribuidas por la Comunidad Autónoma. Por lo tanto, lo que no cabe ninguna duda, es que se necesita coordinación entre las distintas administraciones para cumplir el mandato de la Constitución Española, promover las condiciones y establecer las normativas para que sea haga efectivo el derecho a una vivienda digna. Algo que se antoja difícil viendo como actúan los partidos políticos en esta materia como en otras, priorizando la estrategia partidista, sobre los interés de la mayoría de los ciudadanos. En cambio estamos asistiendo a la presentación de propuestas sin ningún tipo de coordinación en materia de vivienda tanto por parte del gobierno como de la oposición, que a su vez es gobierno en la mayoría de las Comunidades Autónomas.

Veamos alguna de las propuestas más destacas que presentó el Presidente del Gobierno, quizás la más novedosa en mi opinión, es sacar adelante un PERTE, esto es buscar la financiación europea por medio de proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, como se ha hecho para otros sectores estratégicos, mediante la colaboración público privada. El PERTE para la vivienda, se basará en impulsar la construcción industrializada y modular, y así bajar costes y plazos y mejorar la sostenibilidad ambiental. Sin duda se trata de una muy buena medida si se consigue dotar con un presupuesto importante.

Otro asunto que presenta el Gobierno de España, en este caso para los alquileres, es la disposición de avales públicos tanto para propietarios como para inquilinos. Sin duda incide en la mejora de la seguridad jurídica para propietarios y facilitar la capacidad de conseguir prestamos a los inquilinos. Creo que trata de corregir el efecto contrario al deseado que provocó la entrada en vigor de la Ley de Vivienda. el 26 de mayo del año pasado, pues logró que disminuyera la la oferta de alquiler por la inseguridad jurídica que transmitía.

Por otro lado presentó la exención del 100% del importe del arrendamiento en el irpf a propietarios que alquilen vivienda a un precio menor al precio de referencia que indica la ley de la vivienda vigente. La tributación de los pequeños tenedores es del 19%, por lo tanto la eficacia de esta medida será mayor o menor, dependiendo si la bajada de precio es menor que el ahorro fiscal que se produciría, lo veo bastante complicado en principio. El gobierno no ha cedido a fijar un tope en el precio del alquiler, algo que reclama una parte del gobierno, algo que sería más pernicioso aún, pues produciría una caída de la oferta. El ejemplo lo tenemos en Alemania que fue uno de los primeros países en controlar el precio del alquiler, con la aprobación en 2015 de la ley conocida como "freno al precio del alquiler". Donde el Gobierno del Lander considere que el mercado inmobiliario está tensionado, los propietarios no pueden aumentar los alquileres más de un 10% por encima de la media de la zona. Pero el efecto de esta norma, en lugar de contener los precios, logró la reducción de la oferta e incrementó los precios de alquiler automáticamente.

También presentó ayudas publicas a propietarios para rehabilitar viviendas y ponerlas en alquiler al menos durante un periodo de cinco años, sin duda una muy buena medida, pero está supeditada a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, pues estas ayudas debe estar presupuestadas y coordinadas con CCAA y Ayuntamientos. Ambos temas parecer complicados en estos momentos.

Por su parte el Partido Popular también presentó sus medidas, entre las que podemos destacar. La reducción del impuesto de trasmisiones patrimoniales al 4%, en las Comunidades Autónomas donde gobiernan, se trata de un impuesto de competencia autonómica, así que se puede tomar ya. Yo iría más allá, la eliminación de este impuesto en su totalidad, pues ya se paga la plusvalía a los ayuntamientos y la ganancia patrimonial al Estado, aunque sea por parte del vendedor, pero no cabe duda que termina influyendo en el precio de la vivienda.

Anunció que va a ofrecer suelo público para construir, pero no se especifica si va a ser cesión a coste cero, que esto si bajaría el precio de forma definitiva sin lugar a dudas o se va a poner suelo púbico en el mercado para venderlo, con lo cual el impacto en la bajada será menor.

Otra medida es el establecimiento de un seguro púbico ante los impagos, esto es muy parecido a los avales que presenta el gobierno, una buena medida, pero chocamos con el mismo problema, tendrá que tener una dotación presupuestaria, así que tendrán que coordinarla con el Gobierno de España, para incluirla en los presupuestos generales del estado, pues no creo que este coste que vaya a ir a costa de los presupuestos autonómicos.

Y algo muy importante como es la simplificación administrativa, se trata de reducir el tiempo de los tramites burocráticos, y es que se dan casos absolutamente esperpénticos, cuando alguien compra un solar y tiene que esperar aproximadamente dos años para superar todos los trámites administrativos para empezar a construir.

Al final todas estas medidas y otras presentadas por ambos pueden ser útiles, pero necesitan COORDINACIÓN INSTITUCIONAL. Y además se debe considerar que la vivienda, no es igual que un bien de consumo al uso regulado por la oferta y la demanda. La vivienda está ligada al centro de trabajo, de tal modo que los precios son muy diferentes donde hay trabajo y donde no lo hay. Por esto además de tomar medidas a corto plazo que son absolutamente necesarias siempre que sean realistas y coordinadas por las diferentes administraciones con competencias en la materia, se debe planificar a medio y largo plazo y para ello hay que diversificar el tejido productivo a lo largo del territorio nacional, así como la ubicación de las diversas entidades púbicas,