La Confederación Empresarial de la provincia de Almería, ASEMPAL, ha expresado su firme desacuerdo con el anuncio realizado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre la aprobación de un proyecto de ley que establece una reducción de la jornada laboral. Esta medida será discutida en el Consejo de Ministros programado para el próximo martes y se plantea sin el consenso del Diálogo Social.
Desde ASEMPAL, se argumenta que la reducción de jornada debe ser objeto de negociación colectiva y adaptarse a las necesidades específicas de cada sector. La organización advierte que imponer esta medida podría tener consecuencias graves para la economía provincial, afectando especialmente a sectores fundamentales como la agricultura, el comercio, la hostelería y la construcción.
En Almería, más del 98% del tejido empresarial está compuesto por pequeñas y medianas empresas y autónomos, quienes cuentan con recursos limitados para afrontar cambios tan significativos que podrían comprometer su estabilidad económica y competitividad en el mercado.
Los empresarios almerienses han manifestado que no están en contra de mejorar la organización del tiempo laboral; sin embargo, rechazan la imposición legal de una reducción uniforme que ignora la diversidad y las realidades productivas propias de cada sector.
COMUNICADO DE CEOE SOBRE REDUCCIÓN DE JORNADA
CEOE quiere mostrar su más profundo rechazo ante el anuncio esta mañana de la ministra de Trabajo de aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes, 29 de abril, en la antesala del Primero de Mayo y con evidente oportunismo político, el proyecto de Ley sobre reducción de jornada laboral.
De un lado, las organizaciones empresariales defendemos la reducción de la jornada ajustada a las necesidades de cada sector a través de la negociación colectiva.
Sin embargo, por responsabilidad volvemos a advertir del grave impacto que la aprobación de esta norma va a tener sobre la actividad económica y, precisamente, el empleo, con especial incidencia en las pequeñas y medianas empresas y en algunos sectores de este país.
Antes de su aprobación, la voluntad de imponer la reducción de la jornada laboral para dar cumplimiento a un acuerdo político está ocasionando ya un freno en la negociación colectiva, que es una infraestructura básica para mantener la estabilidad económica y la paz social.
Antes de su aprobación, la voluntad de imponer la reducción de la jornada laboral para dar cumplimiento a un acuerdo político está ocasionando ya un freno en la negociación colectiva, que es una infraestructura básica para mantener la estabilidad económica y la paz social.
Además, situar la jornada máxima legal por debajo de la jornada promedio ya pactada en los convenios colectivos va a acabar por dinamitar esa negociación colectiva.
Asimismo, los planteamientos que los nuevos requerimientos que la norma recoge sobre el registro horario son de muy difícil cumplimiento, dado que el país no cuenta con la infraestructura digital necesaria, ni todos los trabajadores cuentan con las debidas competencias digitales.
Finalmente, compartiendo los objetivos que se persiguen con la regulación del derecho a la desconexión, consideramos que este ya está suficientemente preservado en la normativa vigente.
Por todo ello, llamamos de nuevo a la responsabilidad para que durante el trámite parlamentario de la norma se tengan en cuenta estas cuestiones y se disponga de un adecuado análisis de impacto económico.
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