Así se enriqueció Juan Enciso

Como mínimo, quien fuera alcalde de El Ejido y ahora se sienta en el banquillo de los acusados de la Operación Poniente, Juan Enciso, a 31 de diciembre de 2001 tenía un patrimonio de 166.000 euros, mientras que la a 31 de diciembre de 2009 era de 801.000 euros, lo que supone una media de casi 80.000 euros anuales, según han informado los peritos de la Agencia Tributaria, que han considerado que es un dato razonable, teniendo en cuenta que lo componen rentas y fondos que lo justifican. Además, según han declarado, no ven la existencia de ningún delito fiscal del exalcalde.

La clave del auténtico enriquecimiento está en la mercantil Enciso y Aguilera SA, formada por el político y su esposa, y que según han reconocido los peritos, no han podido analizar, así como tampoco han llegado a algunas de las cuentas bancarias del matrimonio.

Esta causa que alcanza ya la trigésimo segunda sesión del juicio oral en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce, parte de la empresa mixta Elsur que él presidía, y desde la que se habrían llegado a saquear 71,5 millones de euros de las arcas municipales entre 2002 y 2009.

Una de las preguntas que queda en el aire tiene que ver con el cortijo de Laroles, que tasado en 122.659 euros, y en el que ponerlo a producir vino se valoró en 94.134,13 euros, lo que suma 216.793 euros. Eso solo habría podido hacerse con "la utilización de recursos propios de la empresa mixta como trabajadores, o maquinarias y materiales". Dicho de otro modo, le habría salido gratis al exalcalde, al punto que además fueron trabajadores municipales quienes se encargaron toda la gestión administrativa para la puesta en marcha legal de la bodega.

Pero si eso era “en especie”, la mercantil del matrimonio Enciso recibió ingresos de otras empresas vinculadas a la trama enjuiciada, como por ejemplo que el llamado “Grupo Amate” (conjunto de empresas vinculadas a este otro acusado) ordenase en diciembre de 2008 una transferencia bancaria a favor de Enciso y Aguilera por importe de 180.000 euros.

La justificación oficial era el pago por la adquisición de las participaciones que en la sociedad Villa Alcolea SL poseían José Amate y su mujer a través de la mercantil de la que eran propietarios, pero, en realidad, "encubría el pago de una comisión ilícita al alcalde, a la sazón presidente del consejo de administración de Elsur, ya que la mercantil Villa de Alcolea era una sociedad sin rentabilidad alguna, sin contenido específico en el tráfico mercantil y que solo arrojaba perdidas en sus balances anuales".

Pero Enciso también benefició de un modo ostensible a su entorno, ya que los peritos de la AEAT han reconocido que les "llamó la atención" la "cantidad de personas relacionadas con la persona del alcalde, familiares que eran trabajadores de Elsur". Alrededor de una decena cobraban de la empresa mixta presidida por el exalcalde, y entre los que estaban su hija, hermano, un primo, o un ahijado.

Además de cobrar de Elsur, los peritos afirman que empresas de la trama pagaron a familiares de Enciso, como el caso de Clabert Gestión a la cuñada de Enciso o Multigestión Nuevo Ejido a un sobrino y a la esposa de este.

Y no fue solo la bodega del excalde la que contó con trabajos hechos por empleados de Elsur, también "obras de reforma en viviendas de personas particulares y en la sede del PAL con material y medios de Elsur y a cargo de esta empresa".

Tras el trámite de cuestiones previas, el Ministerio Público retiró la acusación por los delitos contra la Hacienda Pública en los periodos impositivos entre los años 2002 y 2005 al considerar que habrían prescrito y acordó rebajar las penas de prisión, en algunos casos en más de la mitad, que solicitaba para los principales acusados.

Tras las modificaciones introducidas en su escrito de calificación provisional y desgranadas en sala, el exalcalde de El Ejido Juan Enciso, y el ex interventor municipal José Alemán se enfrentan a penas que suman 40 años de cárcel frente a los 64 años de prisión solicitados inicialmente al tiempo que ven rebajada la cuantía de las multas de 49 a 23,2 millones de euros.

En total, se les atribuye la presunta comisión de malversación de caudales públicos en concurso con un delito de falsedad continuada en documento mercantil, ocho delitos contra la Hacienda Pública en calidad de cooperadores necesarios, un delito de cohecho pasivo propio continuado y un delito de prevaricación continuada.