Autorizados 32 proyectos fotovoltáicos en Almería

El Consejo de Gobierno ha sido informado de la autorización ambiental favorable para la instalación de 12.584 megavatios (MW) de potencia renovable, con la finalidad de cumplir con el segundo hito establecido por el Gobierno central, imprescindible para la progresión de los proyectos renovables. Hasta el 25 de enero de 2023, el Gobierno andaluz ha resuelto en plazo 559 expedientes de plantas renovables, de los cuales el 80% (445 expedientes) han recibido una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable, lo cual les permitirá continuar con su tramitación y progresar en los objetivos de desarrollo de energías limpias establecidos por la Junta.

Por provincias, en Almería han recibido visto bueno ambiental 32 proyectos que suman una potencia instalada de 1.011 MW; en Cádiz son 58 los expedientes resueltos de manera favorable por una potencia de 2.019 MW; en Córdoba también han recibido luz verde 58 proyectos que suman 1.249 MW; en Granada continuarán su tramitación 42 iniciativas con una potencia de 1.340 MW; en Huelva son 55 los expedientes favorables que cuentan con 1.154 MW de potencia; un total de 22 proyectos han prosperado en la provincia de Jaén por 664 MW; en Málaga, son 44 iniciativas con 1.454 MW de potencia; mientras que en Sevilla han recibido autorización ambiental un total de 134 proyectos que suman en conjunto 3.692 MW.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico había establecido el 25 de enero de 2023 como fecha ineludible e improrrogable para el cumplimiento del segundo hito administrativo relacionado con la tramitación de los proyectos renovables, de modo que aquellos proyectos que no tuvieran emitida una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) perderían el derecho de acceso y conexión a la red eléctrica, impidiendo así su tramitación.

Para lograr este objetivo, el Gobierno andaluz ha contado con la inestimable colaboración de las consejerías de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y de Política Industrial y Energía, cuyo personal funcionario de las ocho delegaciones territoriales ha trabajado de manera incansable durante los últimos meses para que ningún proyecto viable se quedara sin desarrollar en Andalucía, priorizando siempre la protección y el respeto a los valores medioambientales de la comunidad autónoma. Esto es aún más notable si se tiene en cuenta que los procesos de evaluación medioambiental son más estrictos en Andalucía que en el resto de comunidades autónomas.

Estas cifras se corresponden solo con los proyectos que tramita la Junta de Andalucía, que son aquellos que cuentan con una potencia inferior a 50 MW. Es al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico al que corresponde tramitar los proyectos renovables que se sitúan por encima de esa potencia.

Andalucía se ha propuesto alcanzar un modelo energético eficiente, sostenible, seguro y neutro en carbono, que aproveche los recursos renovables disponibles en la región, incremente el bienestar de sus ciudadanos reduciendo desigualdades y sirva de impulso para el crecimiento económico y la generación de empleo y para mejorar la competitividad de su tejido empresarial, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos nacionales y europeos en materia de energía y clima. Para ello, uno de los ejes de estas directrices es la lucha contra el cambio climático mediante la descarbonización del actual modelo económico y energético con el uso de energías limpias.

El sector energético va a ser, sin duda, de los que mayor inversión movilice en España en los próximos años. Andalucía tiene una gran oportunidad por su alta disponibilidad de recurso energético y por contar con un tejido empresarial consolidado con experiencia en el ámbito renovable. El objetivo de instalar 12.000 MW adicionales conllevará una inversión asociada de alrededor de 12.000M€ y la creación de unos 30.000 puestos de trabajo solo durante la fase de construcción de los proyectos.

El despliegue de las energías renovables en Andalucía dependerá a su vez del desarrollo y ejecución de las redes que faciliten su evacuación. Por ello, es necesario priorizar las infraestructuras de transporte y distribución que faciliten la evacuación de la generación con renovables, lo que contribuirá, además, a la mejora de la calidad del suministro eléctrico de los consumidores y a alcanzar los retos de descarbonización de la economía.