La fórmula de coalición es un ecosistema propenso a las tensiones internas, donde las costuras ideológicas a menudo amenazan con desgarrarse ante la fricción de la realidad gubernamental, pero en el caso español ese ecosistema es simbiótico, todos se necesitan para sobrevivir, sea como sea y al precio que sea... que la peluquería está muy cara, y tampoco es cosa de estar planchando todo el día.
La última polémica surgida en el seno del Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez es un ejemplo paradigmático de estas dinámicas, revelando no solo las discrepancias entre los socios, sino también las incómodas contradicciones que habitan en el discurso de algunos de sus componentes. Pero como siempre, la sangre nunca llega al río.
El epicentro de la controversia es un contrato de 6,5 millones de euros para la adquisición de balas destinadas a la Guardia Civil, procedentes de Israel, en medio de esta guerra de exterminio que mantiene el sionismo contra los gazatíes. Sumar, la plataforma que aglutina a diversas fuerzas de izquierda y que comparte Consejo de Ministros con el PSOE, había enarbolado como una victoria propia el anuncio de la paralización de dicha compra. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pareció confirmarlo, y la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, le dio oficialidad en rueda de prensa. Era, aparentemente, un triunfo de los principios sobre el pragmatismo, una muestra de coherencia ante la dramática situación en Gaza, calificada por miembros del propio espacio de Sumar, como la ministra Sira Rego, de "genocidio".
Sin embargo, la realidad demostró ser más escurridiza. Pronto trascendió que el socio mayoritario, el PSOE, no había cancelado realmente el contrato, sino que seguía adelante con él. La justificación socialista apuntaba a las posibles indemnizaciones que habría que abonar a Israel en caso de rescisión unilateral. Sumar se sintió, en palabras que resonaron públicamente, "engañado". La tensión escaló, evidenciando una grieta significativa en la fachada de unidad gubernamental.
En este escenario, la figura de Izquierda Unida, uno de los partidos clave dentro de Sumar, y su coordinador federal, Antonio Maíllo, cobraron protagonismo. Maíllo exigió con vehemencia la rescisión definitiva del contrato, elevando el tono de la crítica. No obstante, aquí emerge una de las primeras y más significativas contradicciones. Preguntado en diversas entrevistas sobre si Izquierda Unida estaría dispuesta a abandonar el Gobierno si no se cumplía su exigencia, Maíllo evitó una respuesta afirmativa contundente. La gravedad del asunto era máxima, sí, pero la amenaza de ruptura quedaba diluida en la ambigüedad. Parecía que la línea roja, aunque dibujada con trazo grueso, no era infranqueable.
Más llamativo aún resulta el caso de la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego. De ascendencia palestina, su voz contra las acciones del Estado de Israel ha sido particularmente firme y emotiva. Se le preguntó directamente si, en caso de que el contrato siguiera adelante, ella abandonaría su puesto en el Ejecutivo. Su respuesta, sin embargo, se refugió en la disciplina de partido: las decisiones en Izquierda Unida se toman colectivamente. Una respuesta formalmente impecable, pero que esquiva la cuestión personal y ética fundamental. La pregunta no era sobre la estrategia de IU, sino sobre su propia disposición a seguir formando parte de un gobierno que, a pesar de sus denuncias de "genocidio", continuaba formalizando compras de material bélico, aunque fueran balas, al Estado responsable de dichos actos. ¿Puede uno calificar a un Estado de genocida y, simultáneamente, avalar con su presencia en el gobierno la compra de armamento a ese mismo Estado? La respuesta de Rego sugiere que, para ella, la permanencia en el cargo no está supeditada a esa coherencia, ni tan siquiera cuando la víctima es su propia familia de sangre, al menos no de forma individual e inmediata.
Pero el cuestionamiento no debería detenerse ahí. Si la indignación por la compra de balas a Israel es tan profunda y basada en principios éticos universales, ¿por qué esa misma vara de medir no se aplica con igual rigor a otras relaciones internacionales del Estado español? La selectividad en la aplicación de la moralidad es, cuanto menos, sospechosa.
Pensemos en Marruecos. Izquierda Unida y el espacio de Sumar mantienen una postura histórica de apoyo a la causa saharaui. Sin embargo, las relaciones armamentísticas y de cooperación en seguridad entre España y Marruecos son fluidas y constantes, a pesar de las denunciadas atrocidades y la ocupación del Sáhara Occidental por parte del régimen alauí. ¿Por qué la compra de balas a Israel genera una crisis interna y la venta o cooperación militar con Marruecos no suscita una reacción gubernamental similar por parte de los mismos actores? ¿Acaso el sufrimiento saharaui merece menos consideración o la relación estratégica con Rabat pesa más que los principios?
Extendamos la mirada hacia el este. La invasión rusa de Ucrania ha provocado una condena casi unánime en Occidente. Sin embargo, durante este conflicto, España ha incrementado significativamente sus importaciones de gas natural licuado ruso. Financiar, aunque sea indirectamente, la maquinaria de guerra de Putin mediante la compra de sus recursos energéticos no parece generar el mismo nivel de escándalo ni amenazas de ruptura dentro de la coalición. Sumar no ha puesto el grito en el cielo por este hecho con la misma intensidad que con las balas israelíes.
Y la lista puede continuar. ¿Vamos a dejar de comprar petróleo a dictaduras como Venezuela o Arabia Saudí, cuyos historiales en materia de derechos humanos son deplorables? ¿Vamos a cuestionar las relaciones económicas preferenciales que el propio presidente Sánchez busca establecer con China, un régimen que reprime brutalmente la disidencia y a minorías como los uigures? Según la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz, ésto va de Derechos Humanos, y si es así ¿entiende que en China se respetan? ¿lo entiende así el presidente Sánchez cuando quiere convertirlos en socio comercial estratégico?
El problema de fondo es la aplicación selectiva de la indignación. Ponerse "exquisitos", como sugiere la reflexión, con un contrato específico mientras se mantienen relaciones comerciales, energéticas o armamentísticas con otros actores internacionales igualmente o más cuestionables, debilita la posición moral y la reduce a una posible estrategia política o a una sensibilidad particular, pero no a un principio universal y coherente de política exterior.
Este episodio de las balas israelíes, más allá de la tensión puntual entre PSOE y Sumar, desnuda las complejidades inherentes a gobernar en coalición y, sobre todo, la difícil, a veces imposible, coherencia entre los principios ideológicos proclamados y las decisiones pragmáticas que exige la gestión del Estado en un mundo complejo y multipolar. La política, a menudo, es el arte de lo posible, pero también debería aspirar a ser el reflejo de una ética consistente. Cuando la indignación se enciende y se apaga según convenga al interlocutor o a la coyuntura, corre el riesgo de parecer más una herramienta de presión interna o un gesto cara a la galería que una convicción profunda y transversal. La credibilidad de la izquierda que se sienta en el Consejo de Ministros se juega también en esa coherencia.
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