“Almería corre el riesgo de perder la anualidad del Fondo de Transición Justa por desidia del Gobierno de Sánchez”, ha denunciado el coordinador provincial de Ciudadanos, Rafael Burgos, quien ha alertado de que el Ejecutivo central “no va a presentar en plazo el Plan Operativo que pide Bruselas”.
De esta forma, desde la formación liberal se hacen eco de la carta que la eurodiputada de Cs y portavoz de Desarrollo Regional e Industria en el Parlamento Europeo, Susana Solís, ha enviado a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. En el documento, reclama una reacción urgente porque “este Fondo esencial para nuestra economía, está en serio riesgo de acabar perdiéndose en la nada”.
Tal y como ha trasladado la formación naranja desde Bruselas, el programa apoya el proceso de descarbonización de la industria y la economía de Almería, Córdoba, Cádiz, Asturias, León, Palencia, A Coruña y Teruel. De manera que “está en juego una anualidad que asciende a 200 millones de euros en total, de los que 39 corresponden a las tres provincias andaluzas”, según la información recabada por la eurodiputada liberal. Añadiendo que, de esa partida, 49,8 millones serían para Castilla y León; 28 millones para Galicia y 23,2 para Aragón.
“El momento es especialmente difícil para la industria que está sufriendo el desbocado precio de la luz y la ausencia de un plan estratégico o industrial por parte del Ejecutivo”, ha reprochado el representante de Cs en la provincia de Almería, Rafael Burgos. En este sentido, ha explicado que el Gobierno ha centralizado la gestión de estos fondos en el Instituto de Transición Justa y, tras el envío de los primeros borradores de los planes regionales, Bruselas pidió una serie de correcciones en un nuevo documento.
El Ejecutivo ha abierto un plazo de consultas hasta el 15 de octubre con las CCAA afectadas, así que no enviará una nueva propuesta, como pronto, hasta la segunda mitad de mes. Sin embargo, la Comisión Europea reclama tres meses para revisar y aprobar los planes antes del 31 de diciembre.
“Aún suponiendo que el Gobierno responda el 16 de octubre, se va a incumplir el plazo. Tenemos que confiar en la buena fe del Ejecutivo comunitario para acelerar su trabajo y que nos permita llegar a tiempo”, ha lamentado la eurodiputada asturiana, Susana Solís, que denuncia el desinterés y la falta de organización del Instituto de Transición Justa cuando fue creado con la única finalidad de dar apoyo a estas regiones.
En su carta a Ribera, Susana Solís explica que también la comisaria de Desarrollo Regional, Elisa Ferreira, le ha trasladado su preocupación. Los planes que presentó España no se ajustaban a lo que se pedía, “son contrarios a la normativa de competencia y al ámbito de aplicación del fondo, que está centrado en la recapacitación de trabajadores”, según afirman desde la Comisión. “Tenemos aún muy presente los errores que se cometieron en el pasado con los fondos mineros”, ha lamentado.
La formación de trabajadores es precisamente un capítulo crucial porque según el Informe de Impacto de la Comisión, se estima que sólo en España han sido 8.000 los puestos de trabajo perdidos desde 2008 en la minería del carbón y más de 13.000 los que derivarían del cierre de centrales térmicas. “Insto encarecidamente al Gobierno de España en general, y en particular a usted, a que entregue en la mayor brevedad posible los Planes Territoriales de Transición Justa a la Comisión Europea y a que informe a las regiones sobre los plazos y los trámites que aún quedan pendientes antes de perder esta primera anualidad”, concluye la carta de Solís.
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