Carajal policial

España vive un carajal policial. La expresión, tan coloquial como precisa, define el laberinto de cuerpos de seguridad cuyas competencias se solapan, se ignoran o se abandonan, dejando grietas por las que se cuela la inseguridad ciudadana. Este desorden no es solo una cuestión de eficiencia; es un problema estructural que afecta a derechos básicos como la protección de las personas y el cumplimiento de las leyes. Dos recientes ejemplos —uno político y otro operativo— iluminan esta realidad y exigen una reflexión urgente.

La primera cuestión surge en Andalucía, donde el Partido Socialista, tras casi cuatro décadas de gobierno autonómico, ha redescubierto en la oposición una vieja promesa: la creación de una policía autonómica. El Estatuto de Autonomía andaluz, aprobado en 2007, contempla esta posibilidad (Artículo 65), pero jamás se desarrolló. Mientras Cataluña y el País Vasco cuentan con sus propios cuerpos (Mossos d’Esquadra y Ertzaintza), Andalucía sigue dependiendo de una unidad adscrita de la Policía Nacional, limitada en recursos y alcance. La creación de la Policía Autonómica Andaluza se aprobó en 2003, es decir, antes de la aprobación del segundo estatuto de autonomía, y ni antes se hizo nada, ni nada se hizo después, insisto, más allá de esta cosa extraña -administrativamente hablando- que es la Unidad Adscrita.

La paradoja es evidente. Si Andalucía tiene competencias exclusivas en patrimonio histórico, medio ambiente, salud pública o ordenación del territorio, ¿cómo es posible que carezca de un cuerpo policial para velar por el cumplimiento de sus propias leyes? La Junta legisla, pero delega la ejecución en cuerpos estatales que, con frecuencia, priorizan otras tareas. El resultado es que delitos como el expolio de yacimientos arqueológicos o el fraude en subsidios agrícolas quedan en un limbo operativo porque chocan distintos cuerpos, por ejemplo la Unidad Adscrita y la Guardia Civil o incluso la Unidad Adscrita y los policía nacionales no adscritos. La pregunta es obligada: ¿por qué el PSOE andaluz no actuó antes? La falta de voluntad política —o el temor a asumir costes— explica buena parte de este vacío que ahora María Jusús Montero tiene prisa en rellenar.

El segundo ejemplo es Almería. Su alcaldesa, María del Mar Vázquez (PP), ha creado el Grupo de Respuesta Inmediata (GRIP) dentro de la Policía Local para combatir la inseguridad en zonas conflictivas. La medida, aunque pragmática, evidencia un problema mayor: la Policía Nacional, encargada constitucionalmente de la seguridad ciudadana, está desbordada. Falta de efectivos, recursos insuficientes y una carga burocrática que resta operatividad.

Aquí surge otro solapamiento absurdo. La Policía Local, cuya función primordial es velar por la normativa municipal (tráfico, ordenanzas, mercados), termina asumiendo tareas que no le corresponden, mientras la Nacional no puede cubrir demandas básicas. Y no es un caso aislado: la Guardia Civil, la Policía Portuaria, la de Aduanas, o incluso los agentes de Tráfico (dependientes de la DGT pero integrados en la Benemérita), forman un mosaico de fuerzas que compiten, se duplican o se ignoran.

Este caos no es solo andaluz; es estatal. España tiene al menos siete cuerpos policiales con competencias superpuestas, herederos de un modelo centralista heredado que resta eficacia. La Guardia Civil, por ejemplo, nació en 1844 para controlar el mundo rural, pero hoy realiza labores de seguridad ciudadana, fronteras, tráfico y hasta ciberdelincuencia. La Policía Nacional, urbana y más joven, también navega entre múltiples frentes, entre ellos los anteriores.

La solución pasa por racionalizar lo existente. Países como Alemania o Francia cuentan con estructuras policiales unificadas o altamente coordinadas, evitando duplicidades. En España, sin embargo, persiste un modelo anclado en el siglo XIX, donde la rivalidad entre instituciones y la falta de comunicación lastran la eficiencia.

Claro que debe haber una policía autonómica, dependiente de la Junta de Andalucía íntegramente, responsable de todo aquello para lo que tiene competencia la administración autonómica, y en la que deberían intergrarse todos aquellos agentes de Policía Nacional y Guardia Civil que lo deseen. Y esos otros cuerpos, depurar sus competencias y funciones, porque resulta absurdo encontrar que una ciudad como El Ejido tiene ambos, mientras en otros municipios no hay ni de lo uno ni de lo otro.

Cuando algunos se llevan las manos a la cabeza porque "quieren echar" del País Vasco o Cataluña a Policía Nacional o Guardia Civil, deberían hacer justo lo contrario si realmente les interesa más la seguridad que el color del uniforme. Se debería aprovechar esta situación para racionalizar la seguridad, y trasladarlos a la lucha contra el narcotráfico o contra la inmigración irregular... pero parece que para algunos eso es secundario, que lo importante es si en el hombro llevan la rojigualda o la senyera.

El debate sobre la policía autonómica andaluza y el GRIP de Almería debe servir para algo más que el rifirrafe político habitual. Necesitamos un Pacto de Estado que clarifique competencias, unifique recursos y garantice que ningún territorio o servicio quede desatendido. Andalucía merece una policía propia e integral, acorde a sus competencias, pero también exige que Madrid financie adecuadamente a la Policía Nacional. Almería necesita más agentes, no parches.

La seguridad es un derecho, no un lujo. Y garantizarla requiere menos banderas institucionales y más coordinación, menos solapamientos y más profesionalidad. España no se puede permitir seguir navegando en este carajal policial. La ciudadanía, tampoco.