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Carboneras maneja dos alternativas para desclasificar el Algarrobico
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Carboneras maneja dos alternativas para desclasificar el Algarrobico

martes 21 de febrero de 2023, 15:15h

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Podría incluso plantearse un nuevo Plan General

El informe municipal encargado por el alcalde de Carboneras, José Luis Amérigo, concluye que la manera "óptima" de cumplir con la sentencia firme desde 2018 que declara el sector ST-1 como suelo no urbanizable sería iniciar la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Como alternativa, se sugiere aprobar una modificación parcial del "instrumento de planeamiento general del PGOU" para declarar el sector sobre el que se levanta el hotel de Azata como suelo de especial protección, ya que se encuentra ubicado en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Esta opción se ha comunicado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Debido al cambio de normativa urbanística autonómica de Andalucía, se recomienda la redacción de un nuevo PGOU para dar cumplimiento a la sentencia.

El informe municipal asegura que un nuevo PGOU sería el "documento urbanístico óptimo" para recoger "las modificaciones sectoriales" que afectan al municipio de Carboneras, actualizando la cartografía al año 2023, así como el deslinde del dominio público-terrestre, el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y el plan rector de usos y gestión del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Como alternativa, los servicios técnicos municipales ofrecen la modificación parcial del PGOU en El Algarrobico y el sector ST-2 o Canillar, eliminando la clasificación urbanística vigente para adaptarlo a la legislación sectorial modificada por la sentencia judicial que declara estos sectores como suelos no urbanizables con grado de protección 'C1 o áreas naturales de interés general'. El informe detalla los pasos dados por el Ayuntamiento en los últimos cinco años para desclasificar el Algarrobico como urbanizable, aunque hasta el momento no han dado resultado.

En el año 2018, el Pleno tuvo conocimiento de un decreto que cumplía con la sentencia dictada. Se acordó publicar esta sentencia en el Boletín Oficial del Principado (BOP) y comunicarla a la Junta. Por lo tanto, se instruyó a los servicios urbanísticos para que incluyeran una diligencia del fallo en el PGOU, así como para que adaptaran la planimetría para incluir la nueva zona de protección del dominio público marítimo-terrestre.

Con la actual corporación, se ha tramitado el documento Modificación número 1 del planeamiento para dar cumplimiento a la sentencia. El Pleno se enteró de esta modificación, aunque no la aprobó, y se publicó en el BOP en septiembre de 2021.

Los servicios técnicos municipales han detectado un problema con la Modificación número 1 del planeamiento, ya que incluye correcciones referidas al sector industrial SI-2 y al Sistema General del Parque Periurbano de El Pocico, que no proceden. Además, este documento urbanístico no ha sido inscrito en el Registro de Instrumentos Urbanísticos de la Junta de Andalucía.

Por esta razón, los servicios técnicos municipales han determinado que el documento urbanístico óptimo para dar cumplimiento a la sentencia sería un nuevo PGOU. Esto permitiría que los cambios realizados para cumplir con la sentencia sean aplicables y se incluyan en el registro correspondiente.

El Ayuntamiento carbonero ha informado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que para poder cumplir con la sentencia dictada se debe emitir un informe por parte de la secretaría municipal para convocar un Pleno que apruebe la modificación del planeamiento. El Ayuntamiento ha solicitado al TSJA una ampliación de plazo para poder cumplir con la sentencia.

Greenpeace advirtió la semana pasada al TSJA que la petición de tiempo por parte del Ayuntamiento para cumplir con la sentencia es una nueva maniobra dilatoria por parte del alcalde para simular que está interesado en cumplir con los requerimientos judiciales. Esta afirmación se basa en un informe de 2020 que dice lo mismo.

El Tribunal Supremo declaró recientemente que la licencia otorgada al Ayuntamiento de Carboneras para realizar obras en el inmueble es "plenamente legal", aunque esto sucede veinte años después de la concesión, debido a que el planeamiento urbanístico vigente no ha sido cambiado. Sin embargo, el alcalde se ha negado a cumplir con la sentencia, por lo que se ha acordado imponer una multa semanal de 250 euros o una denuncia a la Fiscalía por presunto delito de desobediencia si el plazo de cumplimiento de la sentencia establecido no se cumple. Esta situación ha llevado a afirmar que el Ayuntamiento carbonero ha estado fingiendo interés en ejecutar la sentencia durante casi cinco años.

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