En una intensa sesión de control al Gobierno celebrada en el Senado, el portavoz de Energía del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Miguel Ángel Castellón, ha lanzado graves acusaciones contra la nueva vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen. Castellón ha exigido que se esclarezca quién permitió la entrada de una supuesta trama corrupta en el Ministerio y si los responsables aún permanecen en sus puestos.
La intervención de Castellón se centró en la reciente revelación sobre la implicación del empresario Víctor de Aldama, quien está acusado de defraudar 182 millones de euros a través de una empresa que obtuvo licencias del Ministerio de Transición Ecológica en 2022. El senador popular recordó que esta licencia fue concedida cuando José Luis Ábalos ya había sido cesado como ministro durante más de un año, lo que pone en entredicho la independencia del proceso administrativo y sugiere que “la influencia de la organización corrupta seguía funcionando”.
Castellón no dudó en calificar a la empresa involucrada como “el epicentro de la trama corrupta” y cuestionó directamente a Aagesen sobre si hubo algún tipo de trato preferencial o sobornos a funcionarios del Ministerio para facilitar la obtención de dicha licencia. “¿Fue solo un trato de favor por el que cobraron los compañeros de viaje de Sánchez, o hubo sobornos a políticos o técnicos?”, preguntó con firmeza.
El portavoz del GPP también criticó la falta de explicaciones por parte de Teresa Ribera, quien ocupó anteriormente el cargo y dejó el Ministerio sin aclarar su papel en este escándalo. “Teresa Ribera se ha marchado sin dar explicaciones, pero usted no es una recién llegada”, advirtió Castellón, recordando que Aagesen había estado al frente de la Subdirección General de Hidrocarburos desde 2020.
Durante su intervención, Castellón instó a Aagesen a clarificar las medidas adoptadas para investigar este caso y prevenir futuros usos fraudulentos en las autorizaciones para operar con hidrocarburos. “Es hora de empezar a dar respuesta a tantas preguntas que hoy no tienen respuesta”, afirmó, subrayando que hay numerosas personas encarceladas y otras muchas investigadas bajo secreto sumarial.
Uno de los puntos más impactantes mencionados por Castellón fue el testimonio del propio Aldama, quien reveló haber pagado 600.000 euros en sobornos para obtener una licencia y haber regalado un chalet a Ábalos en la Costa del Sol como parte del acuerdo. Además, destacó que otra implicada en el caso afirmó haber llevado bolsas con billetes a la sede central del PSOE en Ferraz, lo cual sugiere una conexión directa entre la corrupción y altos niveles del partido gobernante.
La intervención del GPP ha puesto nuevamente sobre la mesa las preocupaciones sobre la transparencia y la ética dentro del Gobierno español, especialmente en un momento donde las acusaciones son cada vez más serias y afectan directamente a figuras clave dentro del Ejecutivo. La presión sobre Aagesen aumenta mientras se espera su respuesta ante estas graves acusaciones que podrían tener repercusiones significativas tanto para ella como para todo el gabinete liderado por Pedro Sánchez.
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