La Audiencia Provincial de Almería ha dictado sentencia contra dos individuos involucrados en un importante alijo de hachís, que se produjo en julio de 2022. Uno de ellos actuó como transportista marítimo y el otro como responsable de la recogida de la droga en tierra. Ambos enfrentan penas que superan los cuatro años de cárcel.
La reciente sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Almería ha resultado en la condena de dos hombres a penas que alcanzan los cuatro años, un mes y 15 días de prisión por su participación en un alijo significativo de hachís. Este caso se remonta a la madrugada del 15 de julio de 2022, cuando agentes de la Guardia Civil detectaron una embarcación sospechosa en las aguas cercanas a la costa almeriense.
Según el fallo judicial, alrededor de las 00:30 horas, uno de los acusados fue observado transportando seis garrafas plásticas que contenían hachís distribuido en pequeños paquetes. En total, la droga pesaba 100.165,38 gramos y tenía un valor estimado en el mercado negro de 207.508,61 euros. Este individuo trasladó el estupefaciente hasta un punto del término municipal de Adra, donde le esperaba el segundo acusado junto a otra persona no identificada.
Una vez que las garrafas fueron introducidas en un vehículo Opel Astra, ambos ocupantes abandonaron rápidamente el lugar por la carretera N-340 con dirección a Balanegra, mientras eran perseguidos por agentes del instituto armado. A pesar de las señales acústicas y luminosas para que detuvieran su marcha, los ocupantes hicieron caso omiso y continuaron su huida hacia El Ejido.
No obstante, su viaje se vio interrumpido cuando el coche comenzó a perder aceite y se detuvo en una zona rural del municipio ejidense. En ese momento, ambos intentaron escapar a pie; sin embargo, uno de ellos fue detenido inmediatamente por las fuerzas del orden.
El otro acusado fue arrestado poco después en el puerto de Almerimar, donde había llegado a bordo de la misma embarcación utilizada para transportar la droga.
Como resultado del juicio, ambos han sido condenados no solo a cumplir sus respectivas penas privativas de libertad, sino también al pago de multas que ascienden a 400.000 euros para uno y 600.000 euros para el otro por un delito contra la salud pública. Esta operación resalta los esfuerzos continuos de las autoridades para combatir el tráfico ilegal de drogas en la provincia y garantizar la seguridad pública.