El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla ha confirmado la condena a **Diego C. S.**, líder de grupos de extrema derecha en Almería, a **2 años y 6 meses de prisión** por delitos de incitación al odio, humillación por motivos discriminatorios y maltrato de obra. La sentencia, ratificada en apelación, también le impone inhabilitaciones, multas y una indemnización de 2.100 euros a la víctima, un ciudadano marroquí agredido en 2019. Su coacusado, Alejandro C. L., fue absuelto por falta de pruebas.
Según los hechos probados, Diego C. S., administrador de perfiles radicales en redes sociales y delegado del colectivo Liga Joven Almería, impulsó una campaña de hostigamiento contra la comunidad marroquí en Antas. En julio de 2019, la localidad amaneció plagada de carteles firmados por el *Antas Klan* —nombre inspirado en el Ku Klux Klan—, que culpaban a los árabes de la inseguridad y los robos, y amenazaban a quienes les alquilaban viviendas. Los mensajes, difundidos también mediante audios y dispositivos incautados en su domicilio, instaban a "defender Antas y Europa por las buenas o por las malas".
Además, el acusado organizó patrullas nocturnas con jóvenes no identificados para interrogar y acosar a personas de origen magrebí. La gota que colmó el vaso ocurrió el 12 de octubre de 2019, durante un acto público autorizado por el Ayuntamiento de Antas para celebrar el Día de la Hispanidad. Diego C. S. montó un escenario con símbolos de extrema derecha, como el águila bicéfala y la Cruz de Borgoña, y leyó un discurso elogiando a Franco por "no permitir inmigrantes". Cuando Omar B., un vecino marroquí, acudió al evento, el acusado lo increpó: *"Moro de mierda, vete de aquí si no quieres acabar inflado a hostias"*, lo derribó al suelo —rompiendo su teléfono— y provocó que otros asistentes atacaran su coche.
La sentencia
La Audiencia Provincial de Almería condenó en primera instancia a Diego C. S. por:
1. Incitación al odio: 2 años y 6 meses de prisión, inhabilitación para cargos públicos y para trabajar en sectores educativos o deportivos durante 6 años, y 9 meses de multa (12 €/día).
2. Humillación discriminatoria: 9 meses de prisión, 7 meses de multa y prohibición de acercarse a la víctima durante 5 años.
3. Maltrato de obra leve: 1 mes de multa y 4 meses de alejamiento.
Además, deberá indemnizar a Omar B. con **100 euros** por los daños materiales y **2.000 euros** por daños morales. El tribunal absolvió al acusado de tenencia de armas prohibidas —aunque se hallaron puños americanos y una navaja con esvástica en su domicilio— por falta de pruebas directas.
La apelación
La defensa de Diego C. S. recurrió la sentencia argumentando **vulneración del secreto de las comunicaciones** y **falta de indicios** para el registro domiciliario. También cuestionó la credibilidad de los testigos. Sin embargo, el Tribunal Superior desestimó todas las alegaciones, respaldando la "solidez" de las pruebas: desde los informes de la Guardia Civil que vinculaban al acusado con grupos neonazis hasta los 434 panfletos incautados y los audios donde se jactaba de sus acciones.
El magistrado ponente, Julio Ruiz-Rico Ruiz-Morón, subrayó que la condena se basó en "pruebas de cargo incuestionables", como el testimonio de la víctima y una camarera que presenció la agresión. Sobre las patrullas, el fallo recalca que Diego C. S. "asumió funciones pseudopoliciales para hostigar a marroquíes", alimentando un clima de "odio y desprecio".
Reacciones y contexto
El Ministerio Fiscal, que solicitó confirmar la sentencia, celebró la decisión como un "mensaje contundente contra el racismo". Por su parte, la defensa anunció estudiar un **recurso de casación** ante el Tribunal Supremo.
Este caso refleja el auge de grupos ultraderechistas en zonas rurales de España y su uso de redes sociales para propagar mensajes xenófobos. Diego C. S., con antecedentes por amenazas y agresiones a inmigrantes, personifica una tendencia alarmante: la radicalización juvenil en nombre de una "defensa identitaria".
La sentencia, ya firme, ordena el decomiso de los dispositivos electrónicos y panfletos intervenidos. Mientras, Antas, un pueblo de 3.400 habitantes, intenta cerrar heridas en una comunidad donde, según vecinos, "el miedo dividió durante años a españoles y marroquíes".
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