Los habitantes del asentamiento chabolista El Walili en Níjar (Almería) han convocado protestas y bloqueos de carreteras desde esta tarde como medida de presión por el desmantelamiento. Según ellos, hay unas 500 personas que no tienen una opción habitacional viable, por lo que se ven obligados a "crear otros poblados".
Los trabajadores del asentamiento y el sindicato SOC-SAT han anunciado en un comunicado que habrá cortes de carretera alrededor del poblado a partir de las 5:00 pm del martes y los días 28 y 29 de diciembre, en la intersección AL-3108 y 3112.
Los trabajadores han manifestado su descontento con el procedimiento administrativo iniciado por el Ayuntamiento de Níjar (Almería) para demoler el poblado donde viven sus habitantes. Según ellos, "trabajan en una zona aislada, al límite del Parque Natural del Cabo de Gata y sin transporte público".
Los afectados han indicado que el desalojo podría producirse en enero, aunque ya han habido desalojos de asentamientos pequeños durante este otoño. Estas personas han criticado los acuerdos entre la alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez (PSOE), y la patronal agraria y turística para "suprimir" el poblado porque "da una mala imagen exterior de los productos de las empresas hortofrutícolas y del turismo", según sus palabras.
Los habitantes de El Walili, junto al Sindicato de Obreros del Campo-SAT, hicieron una manifestación el 25 de noviembre hasta el Ayuntamiento de Níjar. Tienen intenciones de emprender nuevas acciones para defenderse contra el desalojo, siempre y cuando se les brinde una alternativa habitacional y los servicios básicos como agua potable, luz, recolección de basura y saneamiento.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) solicitó al Ayuntamiento de Níjar que detenga el desalojo y demolición del asentamiento chabolista conocido como El Walili o Los Nietos, ya ordenado administrativamente. Esto se hace mientras no se asegure una alternativa habitacional permanente para los 500 vecinos del municipio que viven allí.
La organización informó que el Ayuntamiento está construyendo "unas cajoneras con 62 habitáculos" para albergar temporalmente, previo pago por nómina y limitado a dos meses, a trabajadores temporales. Esto excluye a los migrantes que trabajan en la agricultura de la zona porque viven allí de manera permanente debido a que la actividad agrícola es continua durante todo el año, y muchos no cumplen con los requisitos del consistorio.
APDHA exige la suspensión del proceso hasta que se encuentre una solución de alojamiento permanente y adecuada para los afectados, permitiéndoles acceder a los recursos básicos de la comunidad, así como el desarrollo de una política de vivienda asequible para las personas que trabajan en agricultura en el municipio.