Como debate intelectual interesante para estos días de confinamiento alguien se ha encargado de recuperar el del límite o, tal vez mejor, hasta donde debe extenderse la responsabilidad política y hasta dónde la penal, si ambas han de poder ser simultáneas, o si una exime de la otra.
Es por eso con lo del COVID19 ya se estaba echando en falta que alguien presentara una denuncia, y ahí la tienen al fin. El letrado Víctor Valladares ha llevado al Tribunal Supremo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), a todos los delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, nombrados uno a uno, y luego añade sin nominarlos, a los subdelegados, al Ministerio de Sanidad, y lo termina con un “etcétera”… para que no se le escape nadie.
El motivo es que autorizaron concentraciones masivas a pesar de los avisos de la OMS sobre el riesgo de contagio del coronavirus, algo que aplauden algunos desde la derecha y la ultraderecha, con los ojos puestos en la Manifestación del 8M, en la que ciertamente se implicó tanto el propio gobierno que al menos un tercio ha caído enfermo. Pero claro, olvidan la irresponsabilidad de quienes mantuvieron sus actos, como el mitin de Vox que contagió a buena parte de sus cargos públicos, cuando sostenían que era una locura autorizar el “akelarre feminazi”.
La responsabilidad del Ejecutivo no es penal, es política, porque la OMS solo recomendaba, como tantas veces ha hecho de modo injustificado, y en el resto de países europeos, incluso en Italia donde ya estaban empezando a crecer los casos de contagiados, la vida seguía su curso normal, y lo ha hecho en el Reino Unido hasta hace bien poco.
La responsabilidad del Ejecutivo es política, porque sabiendo que podía producirse este contagio masivo, se lanzó a apoyarla, a jalearla, y hasta se volcó en la asistencia a ella.
No hacía falta ser muy listo para saber lo que iba a ocurrir, y si como decimos, prohibirla era desde el punto de vista legal muy complejo sin chocar con la Constitución dada la situación de la epidemia en ese momento, que no registraba los niveles actuales, sí debería de haber desaconsejado específica y taxativamente la asistencia a actos multitudinarios, desde los políticos a los deportivos.
Pero si este asunto es verdad que puede prestarse a la controversia, tanto desde lo político como desde lo jurídico, lo que es de aurora boreal es la decisión del juzgado 31 de Madrid tras la denuncia del sindicato de médicos y titulados superiores de Madrid (Amyts), que da un plazo de 24 horas al Gobierno de la Comunidad para que les dote del material de protección necesario para realizar su trabajo.
Volviendo el argumento por pasivo, hemos de entender que la Comunidad de Madrid no entrega ese material a los sanitarios porque no le da la gana ¿no? ¿Sabe el firmante del auto si la Comunidad tiene ese material apalancado en algún lugar de modo voluntario y consciente, y por tanto son sus responsables unos malvados que prefieren que el personal se contagie?
Es evidente que si ese material no se hace llegar a los profesionales es porque no se tiene, y si no se tiene, no hay orden judicial que valga, porque antes habrá que tramitar su adquisición.
Pero la pirueta no queda en eso, porque no hemos de olvidar que con la declaración del Estado de Alarma, el Gobierno central asume todas las competencias –vamos, un 155 para todos- y el Ministerio de Sanidad asume el control del material sanitario de todo el Estado, público y privado, y por tanto su titular, Salvador Ílla, es el único exclusivo responsable de que esos sanitarios tengan o no sus equipos correspondientes.
Tiene puñetas que haya que explicar ciertas cosas.
Agenda
