El coronavirus es una crisis sanitaria que ha devenido en económica, y si en lo sanitario vamos levemente saliendo, en lo económico estamos entrando a un ritmo acelerado, pero lo peor de todo es que como ciudadanos sentimos que si por algo pasará a la historia todo esto, es por el gran bulo que estamos viviendo.
Hemos visto como en lo sanitario hemos pasado de afirmar que era poco más que una gripe que no registraría más de dos o tres casos en nuestro país, a ser una pandemia, y hemos pasado de escuchar que las mascarillas no son recomendables a establecerlas como obligatorias, y entre medias, múltiples cambios en el modo y manera de contar a los contagiados y a los fallecidos.
Pero la parte económica no es menos grave, porque en vez de resolverla en la medida que podemos, el Gobierno se dedica a construir discursos plagados de falsedades, hasta el extremo de que ya no le creen ni sus más adeptos, como es el caso de Sor Lucía, la monja podemita a quien escucho echar pestes por la boca contra Pablo Iglesias y contra Sánchez. Pero no es la única, porque hace tiempo que no se oye al Padre Ángel, que pidió hace mes y medio el premio Princesa de Asturias para el Gobierno, supongo que en un delirio cannábico o de un éxtasis teresiano.
A estas alturas, el Gobierno sigue sin abonar las indemnizaciones de los ERTE, lo que supone que unas 900.000 personas lleven entre dos y tres meses sin cobrar, y no hablamos de personas cuya economía sea tan resistente como para aguantarlo; pero a la vez, anuncia un ingreso mínimo vital para 850.000 personas, que estaría entre los 500 y los 1000 euros.
No solo está esa paradoja, es que además, si echamos cuentas, dividiendo los 3.000 millones de euros anunciados para el ingreso mínimo, entre el número de beneficiarios previstos, y cuanto recibirían al mes, pues nos salen menos de 300 euros… aunque han prometido entre 500 y 1.000.
El truco está en que le endosarán a las comunidades autónomas un gasto extra que no han decidido ellas, que no lo han presupuestado, y que tendrán que encajarlo a pesar de tener sus cuentas aprobadas para este año. Eso ya lo conocemos, lo hizo el presidente José Luis Rodríguez Zapatero con la Ley de Dependencia, que unilateralmente implicó a las comunidades autónomas, sin que estas pudieran debatir su grado y manera de participación.
Pero la prestidigitación contable viene ya de los famosos 200.000 millones que prometió Sánchez al inicio de la pandemia, y que en realidad se quedaban en 117.000 millones si nos atenemos al dinero exclusivamente público, de los que 100.000 millones son, eran en realidad, avales para créditos ICO, que no es otra cosa que si una empresa no puede devolver el préstamos al banco, el Estado se hace cargo… por lo que la empresa se arruina y el banco nunca pierde. De los 17.000 que quedan, unos 5.000 se previeron para pagar los ERTE pero que no suponen ningún logro especial ya que de no existir esta medida, habrían tenido que pagar el subsidio de desempleo, así que no puede considerarse más que un gasto más fruto de la situación, no de un plan concreto; y a eso se suman 2.800 millones que se transfieren a las autonomías, y hay otros 600 millones para servicios sociales compartidos con éstas, nada de lo cual era especial, por mucho que lo metieran en el mismo paquete.
Añadan lo que se ha tardado el gobierno en aceptar que se aplacen algunas cuotas la Seguridad Social –por cierto, cargando intereses al contribuyente- porque lo que de ninguna manera ha querido el Gobierno es dejar de recaudar.
Por tanto, hecho este repaso, nos queda tan poquito dinero real, tan poco dinero efectivo para responder ante esta crisis económica, que cuando España opta a poder conseguir 77.000 millones de euros de la Unión Europea, pues el Gobierno en pleno hace palmas con las orejas, porque es mucho más que lo que ellos mismos han puesto sobre la mesa.
Son trampas continuas que solo sirven para frustrar a la ciudadanía porque no les llega nada de lo prometido, y con elecciones en Galicia y País Vasco, tanto el PSOE y Unidas Podemos como sus socios, posiblemente tengan un severo castigo.
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