El 12 de mayo ya había 17 querellas contra el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias por la gestión de la pandemia del COVID19, y ese día se presentaba la primera colectiva firmada por once abogados, el 17 de mayo el Tribunal Supremo acumulaba una veintena, el 30 de mayo eran 45 querellas… que comparadas con las 71 que en esa fecha tenía ya la Corte de Justicia de la República francesa contra miembros del Gobierno de Emmanuel Macron, pues no eran tantas… aunque el 2 de junio el Supremo en España recibía otras 62 denuncias… en algunas de ellas se juntan los familiares de más 3.200 fallecidos, y otras son corporativas, como las de algunos colegios profesionales del sector sanitario, por tanto los denunciantes se cuenta por miles.
Pero no han sido ni son éstas las únicas ofensivas judiciales, ya que en el ámbito autonómico ha habido también denuncias con distinto resultado, de colectivos que han considerado que se les ha puesto en riesgo por no dotarles del material de protección imprescindible. El Juzgado de lo Social número 31 admitió las medidas cautelarísimas solicitadas por la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) contra la Consejería de Sanidad de Madrid para que en un máximo de 24 horas provea todos los centros hospitalarios y de asistencia de la red madrileña (públicos y privados) del material que necesitan para afrontar la crisis del Covid-19 (batas impermeables, mascarillas FPP2 y FPP3, gafas de protección y contenedores de grandes residuos) pero claro… ¿Cómo cumples esta medida si no tienes esos materiales? ¿o estaba el Juzgando en su escrito dejando caer que la Comunidad de Madrid tenía esos medios pero no los daba?
Pero la cosa no queda ahí, porque el Juzgado de lo Social de Teruel condenó al Gobierno de Aragón y al Servicio Aragonés de Salud y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales a proporcionar los equipos adecuados de protección individual (EPIs) a los sanitarios del grupo de clasificación A en todos los centros sanitarios y socio-sanitarios, públicos o privados, de la provincia. La pregunta es la mismas ¿quiere decir el Tribunal que el Gobierno tenía EPI no no los entregaba por alguna extraña razón? Y si como parece razonable, no los daba porque no los tenía, a ver cómo cumple una sentencia si es de imposible cumplimiento.
Y aunque hay más casos de denuncias y condenas, la más llamativa es la presentada ante el Tribunal Internacional de Justicia contra Sánchez por el “genocidio” de 50.000 personas, y de la que se ha dado traslado a la Fiscalía para su estudio.
Se trata de un caso de utilización torticera del sistema judicial porque de ninguna manera la muerte de los contagiados por COVID19 puede ser considerado un genocidio, sencillamente porque no cumple ninguno de los requisitos penales mínimos para tal consideración, por lo que hay que considerar que quien la trasladado a esta instancia judicial, solo busca generar ruido.
Es evidente que la gestión sanitaria de la pandemia ha sido mala en ocasiones, y muy mala en casi siempre, y que eso ha provocado contagios y fallecimientos, y también es verdad que alguien debería pagar por todo esto. Dudo que la vía judicial sea la adecuada porque a veces conduce a callejones sin salida, como algunos de los mencionados, y hasta puede saldarse con una victoria del encausado si como es posible, la demanda basada en los contagios producidos en la manifestación del 8M acabase archivada.
Quizá deban ser las urnas las que dicten sentencia sobre todo esto, condenando a la oposición, o incluso al olvido electoral, a los responsables por malos gestores. Pero también merecerían el olvido esos abogados y colectivos de abogados que a sabiendas de que sus demandas no llegarán a ningún sitio, también ellos se alimentan de la tragedia, en ocasiones por espurios intereses ideológicos, y en otras por tener en un plató de televisión la gloria que no tendrán en una sala de vistas.
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