El Gobierno de Pedro Sánchez recibió un varapalo en el Congreso de los Diputados al no poder aprobar la ley de amnistía para los independentistas catalanes implicados en delitos relacionados con el 1-O. El voto en contra de Junts per Catalunya, que exigía que la ley incluyera a más personas y delitos, frustró los planes del Ejecutivo de Sánchez.
Este nuevo episodio de inestabilidad política ha vuelto a poner en duda la duración de la legislatura. ¿Cuánto tiempo podrá aguantar el Gobierno de Sánchez con un socio tan incómodo como Junts? ¿Y después de Junts, qué pasará si es EH Bildu y el PNV quienes piden amnistía para los terroristas vascos aún en prisión? ¿Cederá también?
El motivo del voto en contra de Junts es fácil de entender. Las investigaciones judiciales contra los independentistas catalanes están aumentando las posibles imputaciones, lo que ha llevado a Junts a pedir que la ley de amnistía sea más amplia. El partido quiere asegurarse de que sus dirigentes y militantes están protegidos de la acción de la justicia.
Recordemos que no habría indultos, y los hubo, que la amnistía no cabía en la Constitución, y luego sí cabe, que el terrorismo era una línea roja, y luego ya no lo era, y ahora... parece que el problema es el delito de alta traición...
Esta postura de Junts es, en cierto modo, comprensible. El partido se enfrenta a una situación complicada. Por un lado, quiere mantener su apoyo a la causa independentista, lo que le obliga a defender a los -insisto en la expresión- independentistas implicados en los actos ilegales del 1-O, y evitar que sus propios dirigentes y militantes acaben en la cárcel, y por otro, necesitan sostener a Sánchez porque saben que la alternativa, Alberto Núñez Feijóo, sería peor para todos sus intereses.
El problema es que esta postura es incompatible con la estabilidad del Gobierno de Sánchez, y si éste cae, adiós a la posibilidad de convocar un referendum de autodeterminación pactado entre Generalitat y Estado. El Ejecutivo necesita el apoyo de Junts para aprobar sus leyes, pero Junts exige una ley de amnistía que el Gobierno no está dispuesto a aprobar... por ahora.
En este contexto, es difícil predecir cuánto durará la legislatura. Si Junts no cede en sus exigencias, el Gobierno de Sánchez podría verse obligado a convocar elecciones anticipadas.
Sin embargo, también es posible que Junts acabe cediendo. El partido sabe que la ley de amnistía en los términos que ahora exigen, es una demanda importante para sus votantes, pero también sabe que es una demanda que es difícil de cumplir. La cuestión es si la inmunidad de Puigdemont les merece electoralmente la pena.
En cualquier caso, lo que está claro es que la legislatura española se encuentra en una situación de inestabilidad. El voto en contra de Junts ha evidenciado las diferencias entre el Gobierno y su socio independentista, y estas diferencias podrían acabar conduciendo a la caída del Ejecutivo... pero para eso queda un mínimo de seis meses (solo puede convocarse elecciones un año después de las anteriores, aunque quizá pudiera contarse el plazo desde la toma de posesión), y en todo caso, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado no son un problema porque pueden prorrogarse hasta el final de la legislatura.
Termine antes o después, de un modo o de otro, no acabará bien.
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