Cristina Álvarez, asesora en Moncloa y asistente personal de Begoña Gómez, ha declarado ante el juez Juan Carlos Peinado, cerrando así una semana judicial extremadamente intensa para el Gobierno de Pedro Sánchez. Álvarez, quien ha sido citada como testigo, está obligada a responder a todas las preguntas relacionadas con las investigaciones sobre su jefa, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo.
La semana comenzó con la comparecencia de Víctor de Aldama, presunto cabecilla de la trama de corrupción conocida como Operación Delorme, y continuó con declaraciones cruciales en el Tribunal Supremo. Estos eventos han colocado al Gobierno en una situación delicada, especialmente después de que se solicitara una autorización para profundizar en la investigación contra el exministro José Luis Ábalos.
Álvarez ha estado en el ojo del huracán debido a una serie de correos electrónicos que evidencian su participación en gestiones de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), donde Gómez codirigía una cátedra. En uno de estos correos, Álvarez intentó convencer a la aseguradora Reale para que siguiera patrocinando la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva. Esta correspondencia ha sido utilizada para argumentar que Álvarez podría haber incurrido en delitos de malversación, al usar recursos públicos para tareas privadas.
La defensa de Begoña Gómez había aportado estos correos por error, lo que llevó a la citación de Álvarez por el juez. Aunque las acusaciones populares pidieron que fuera investigada, el juez Peinado decidió escucharla primero en calidad de testigo. La declaración de Álvarez fue vista como el cierre de una serie de testimonios clave que han sacudido al Gobierno, incluyendo a figuras como Koldo García Izaguirre y su conexión con la trama Koldo.
Este caso ha generado un amplio debate sobre la ética pública y el uso de recursos del Estado, poniendo en entredicho la separación entre lo privado y lo público dentro de la administración española. La controversia no solo afecta a Begoña Gómez, sino que también plantea interrogantes sobre la gestión y transparencia del actual gobierno.
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