Deficiencias críticas en la Guardia Civil de Almería

La Federación de Andalucía y la Delegación de Almería de la Asociación Unificada de Guardias Civiles han mantenido una reunión con diputados, senadores, alcaldes y representantes ciudadanos del Partido Popular, así como con el Sindicato Unificado de Policía (SUP). En este encuentro se abordaron las graves deficiencias que afectan a los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional en la provincia de Almería, especialmente en lo relacionado con la lucha contra el narcotráfico y la inmigración irregular.

Deficiencias en infraestructuras y medios

Durante la reunión, se trasladó el abandono institucional y la falta de inversión en infraestructuras esenciales. Se destacaron casos concretos como:

• El traslado no realizado del Cuartel de la Guardia Civil de Níjar, proyectado para octubre de 2023.
• La construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Vera, cuya licitación no está prevista hasta 2026.
• La situación del cuartel de Roquetas de Mar, donde las mejoras llevan años postergándose.

Además, se alertó sobre la insuficiencia de medios marítimos para controlar los casi 200 kilómetros de costa de la provincia. A pesar del esfuerzo de la Guardia Civil por mantener operativas sus embarcaciones, se han registrado incidentes graves, como dos embestidas kamikazes de narcolanchas en los últimos meses. El Cabo de Gata se enfrenta a una creciente contaminación por restos de embarcaciones calcinadas y materiales abandonados, lo que representa un potencial desastre ecológico.

Falta de agentes y equiparación salarial incumplida

Otro punto clave tratado en la reunión fue la falta de agentes y el modelo policial obsoleto. Se recordó que la cláusula tercera del acuerdo de equiparación salarial contempla la asignación de 100 millones de euros anuales durante tres ejercicios (300 millones en total) para el reingreso al servicio activo de compañeros en Segunda Actividad y Reserva, una medida que sigue sin cumplirse.

Además, se puso sobre la mesa la creación de "Unidades Fantasma" en la Guardia Civil y la insuficiencia de personal en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), incapaz de gestionar el creciente flujo migratorio. También se cuestionó la decisión del Gobierno de reforzar con 1.800 agentes a los Mossos d'Esquadra, mientras que, en Andalucía, una de las regiones más afectadas por la inmigración y el narcotráfico, no se toman medidas de similar contundencia.

Inseguridad y necesidad de reformas legislativas

Se alertó sobre el aumento de la violencia contra los agentes de seguridad, incluyendo recientes agresiones y ataques como el incendio intencionado de un coche patrulla en Adra tras varias incautaciones de drogas. Se criticó que, pese a que la Secretaría de Estado de Seguridad anunció hace un año un endurecimiento de penas tras el asesinato de guardias civiles en Barbate, estas reformas aún no se han implementado.

Asimismo, se hizo hincapié en la necesidad de considerar el "petaqueo" (uso de embarcaciones pequeñas para el narcotráfico) como delito, ya que actualmente solo se sanciona con multas irrisorias. También se propuso aumentar las penas por atentado contra agentes de la autoridad, pasando de seis meses a tres años, a un rango de dos a cuatro años.

Por todo ello, desde AUGC solicitamos la ampliación de la flota de embarcaciones del Servicio Marítimo, un incremento del personal en todas las unidades territoriales y en el CATE, refuerzo de medios aéreos y terrestres, creación de un OCON-SUR permanente para combatir el narcotráfico y reformas legislativas para proteger a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSS).