Delegación de Extranjería: ¿A quién miente Sánchez?

La idea de que Pedro Sánchez “no le dice la verdad ni al médico”, ha vuelto a materializarse otra vez. En este ocasión, el acuerdo entre el PSOE y Junts para delegar en la Generalitat de Cataluña competencias en materia de extranjería e inmigración ha abierto un nuevo frente de desconfianza. El problema no es solo la cesión en sí, sino la divergencia entre lo que dice el documento firmado, lo que afirman los socialistas y lo que proclaman los independentistas catalanes... y lo que realmente es. ¿Quién miente? ¿O, mejor dicho, a quién se está engañando?

El acuerdo escrito entre PSOE y Junts establece que el Gobierno central delegará a Cataluña la gestión ejecutiva de la ley de extranjería. Es decir, la Generalitat asumiría tareas administrativas, como tramitar permisos de residencia o regularizar situaciones migratorias, siempre bajo el paraguas de la legislación estatal vigente, porque solo se puede delegar aquello que existe, es decir, la ejecución de una Ley de ámbito estatal. Nada más, pero nada menos. Sin embargo, las interpretaciones posteriores han sido radicalmente opuestas.

Por un lado, los dirigentes independentistas han afirmado que este paso permitiría a Cataluña imponer requisitos propios, como exigir el conocimiento del catalán para acceder a derechos administrativos. Por otro, el Gobierno socialista insiste en que solo se delega la aplicación práctica de normas ya existentes, sin margen para modificarlas. La ley de extranjería, hoy por hoy, no incluye exigencias lingüísticas como condición para la residencia. Si esto es así, ¿de qué hablan entonces los nacionalistas?

Aquí surge la primera gran contradicción. Si la Generalitat solo ejecuta la ley actual, carece de potestad para añadir o eliminar requisitos fuera de lo establecido. Cualquier intento en ese sentido sería ilegal. Por tanto, caben tres posibilidades:

1. Junts ha sido engañada con promesas imposibles, creyendo que podrá moldear políticas migratorias al margen de la ley estatal cuya ejecución se delega

2. Junts se ha dejado engañar, porque le interesa más la imagen de doblegar a Sánchez, que doblegarlo realmente, como le interesa más la imagen de poner la senyera en la frontera, que poder llevar a efecto su propia política migratoria como presume de poder hacer.

3. El PSOE nos ha engañado a todos, ya que estaría dispuesto el Gobierno a permitir que la Generalitat se salte la ley cuya ejecución se le ha delegado, e imponga sus propias políticas, insisto, al margen del texto legal, y por tanto prevaricando.

Las tres opciones son graves. La primera retrata a los independentistas como ingenuos o cómplices de un espejismo. La segunda solo reflejaría la desesperación de socialistas y Junts, el primero para poder quedarse en La Moncloa, y los segundos por el temor a que unas elecciones suponga un golpe a sus ambiciones de amnistiar a Puigdemont. La tercera sugiere que el Gobierno de Sánchez está dispuesto a fracturar el marco jurídico español con tal de mantener su coalición en pie.

Pedro Sánchez ha convertido la ambigüedad en una herramienta de gobierno. Su estrategia consiste en alimentar relatos distintos según su audiencia: a los independentistas les vende autonomía; al resto de España, respeto a la Constitución. El problema es que, en este caso, como en otros, las dos narrativas son incompatibles y una de ellas acaba imponiéndose.

Si el acuerdo solo transfiere competencias ejecutivas, como insisten los socialistas, entonces Junts ha sido víctima de su propio entusiasmo, creyendo lograr lo imposible. Pero si, en la práctica, la Generalitat introduce cambios sustanciales —como condicionar derechos al catalán—, estaríamos ante una modificación ilegal de la ley, avalada por la pasividad del Gobierno.

La respuesta depende de si confiamos en la letra o en los hechos. Por ahora, el texto firmado permitiría a Cataluña a reinventar la ley de extranjería, algo imposible desde el punto de vista jurídico. Pero la historia reciente nos enseña que Sánchez opera en la frontera de lo institucional, donde los acuerdos verbales y los gestos políticos suelen pesar más que los documentos.

¿Engaña Sánchez a Junts, ilusionándolos con competencias que no tendrán? ¿O engaña al resto de España, permitiendo que Cataluña actúe con impunidad? El tiempo dirá. Lo cierto es que, en este juego de espejos, la víctima final es siempre la misma: la credibilidad de la política y el Estado de derecho. Mientras tanto, Sánchez seguirá sonriendo, consciente de que en la ambigüedad reside su poder... y nuestra incertidumbre.