¿Qué tienen en común Carlos Sánchez y Noemí Cruz? Ambos son candidatos a ser concejales en ayuntamientos que no tienen nada o casi nada que ver con ellos, porque en realidad, ambos, están destinados a ser diputados provinciales por el PP y el PSOE respectivamente. Es decir, su presencia en las listas municipales responde a criterios de partido que están por encima de los intereses de los ciudadanos de esos municipios en cuyas candidaturas aparecen.
Pero entre ambos hay una gran diferencia que conviene destacar, porque mientras que el primero ha sido relegado al puesto número 8 de la lista del PP de Huércal de Almería, un lugar complicado -aunque no imposible- para salir elegido concejal el 28M, la segunda ha sido colocada como número uno de la lista del PSOE de Bayarcal, garantizándose así la alcaldía de un pueblo del que ni es natural ni reside.
A Cruz, que la han metido de asesora del grupo del PSOE en la Diputación había que darle un empujón después de no hacerse con el liderazgo de la candidatura de la capital almeriense, y de tampoco salir como parlamentaria andaluza. Sánchez, por el contario, es concejal desde hace varios mandatos, y podía haber seguido siéndolo, e incluso podría haber pasado a la Diputación siendo edil de la capital, que es el mismo partido judicial que Huércal de Almería.
¿A qué se debe esta disparidad de criterios? ¿Por qué el PP no confía en su concejal de Almería capital y el PSOE premia a su secretaria de Organización provincial? ¿Qué papel juega la militancia en estas decisiones?
Estas son algunas de las preguntas que surgen al analizar estos dos casos, que no son los únicos ni los primeros. Ya en anteriores elecciones municipales hemos visto cómo algunos políticos se presentaban por pueblos lejanos a su residencia habitual, como Turrillas, Los Gallardos, Macael o Bayarque, con el único objetivo de acceder a un escaño en la Diputación Provincial. Esta práctica, que podríamos calificar de pucherazo encubierto, pone en evidencia la necesidad de replantearse el papel y el funcionamiento de las diputaciones, que están recogidas en la Constitución pero que generan muchas dudas sobre su utilidad y su legitimidad democrática. ¿No sería más justo y transparente que los diputados provinciales fueran elegidos directamente por los ciudadanos, y no por los concejales de los municipios? ¿No se evitarían así estos trasvases de candidatos que buscan un sillón cómodo y bien remunerado?
Como he indicado, las diputaciones están en la Constitución, y eliminarlas, como sostienen algunos partidos políticos, sería harto complicado independientemente de su utilidad o no, o de que sean vestigio del centralismo, pero ya que están, y que realizan unas funciones, habría que dotar al sistema de unas medidas correctoras que eviten incluso algo tan paradójico como que deban centrar su labor en los municipios más pequeños, pero suelan estar dominadas por concejales de municipios grandes.
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