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Parece que acabaremos echando de menos a Manuel Fraga... que cosas ¿verdad? Parece que con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vamos a terminar añorando la Ley Fraga de Prensa de 1966. Sí, aquella aprobada en las postrimerías del franquismo y que permitió abrir un pequeño resquicio a la libertad de información y opinión en medio de una férrea dictadura.
La Ley Fraga, una normativa que todos los periodistas hemos estudiado en la Facultad de Ciencias de la Información, se nos está antojando ahora una especie de ley de máximos, porque todo indica que las intenciones del Gobierno son retrotraernos a épocas anteriores a 1966. En su lucha contra los bulos y la desinformación, Sánchez parece dispuesto a poner coto al derecho de expresión, a la libertad de información y, sorprendentemente, incluso al derecho a la libertad de empresa dentro de los medios de comunicación.
La Ley Fraga suprimía la censura previa en los medios de comunicación, por lo que se permitía publicar sin tener que enviar los periódicos a la Dirección de Prensa del Ministerio de Información y Turismo, para que le diesen el nihil obstat antes de salir a la calle. Sánchez preferiría que no fuese así, que antes de que la información o la opinión viese la luz, desde Moncloa se supervisase... no vaya a ser que...
Además, la Ley Fraga protegía la libertad de las empresas periodísticas. Cualquiera podía montar un medio de comunicación y los directores no eran nombrados por el gobierno, sino por los consejos de administración. ¿Será esto lo que Sánchez echa de menos? ¿Le gustaría ser el encargado de nombrar directores? ¿Le gustaría tener el poder para dar licencias a su antojo en el ámbito digital?
Pero no olvidemos que el Estado podía sancionar o multar a los periódicos, e incluso suspenderlos si cometían lo que el gobierno entendía que eran infracciones, sin tener que pasar por un juzgado, sin derecho a que el medio se pudiese defender, o si lo hacía, que fuese ante una instancia neutral, no ante la misma que le había sancionado; y con esa arbitrariedad acaba la Ley Fraga, y así, cualquier conflicto se dirime en los tribunales. ¿Es esto lo que Sánchez quiere recuperar? ¿Quiere poder sancionar a aquellos que critiquen al gobierno, al presidente, a su esposa o a cualquier otro que él considere que se pone en cuestión?
Así que, aquí estamos, preguntándonos si los ciudadanos y los periodistas acabemos echando de menos la Ley Fraga de 1966, nacida en una dictadura y en un mundo tecnológicamente muy distinto al actual. Una ley que, irónicamente, parece que protegía mejor el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de empresa periodística que lo que Sánchez parece dispuesto a hacer.
En fin, que Sánchez no tiene que inventar nada, que basta con que recupere la legislación previa a la Ley Fraga, y listo, que así todos los medios tendrán que tener licencia gubernativa, el gobierno nombrará directores y les pondrá un delegado en la redacción, establecerá censura previa de los contenidos, y si aún así se les escapa algún bulo, ni juzgado ni historias, sanción y cierre, y se acabó.
