Roma, la imperial Roma no se hundió en la ultratumba de un día para otro, sino fue un proceso de la burocracia maquinal gradual, que a través de las mentiras compulsivas de sus mandatarios endiosados fue llevada al ocaso, al obviar sus mediocres y mezquinas autoridades la situación de debilidad demográfica, la corrupción y la progresión sutil y pacífica, salvo casos excepcionales, de los pueblos germánicos, que determinó el hecho causante de la implosión final, la catarsis del imperio romano.
Ningún historiador o estudioso de la historiografía a pie de calle puede contradecir, que un nutrido número de sociedades se han autodestruido a sí mismas por los defectos intencionados no corregidos, que han permitido u omitido sus dirigentes electos y los errores premeditados expresos y/o tácitos en la gobernanza política y gestión pública, que han coadyuvado junto a agentes exógenos a un declive apocalíptico.
Una sociedad como la española, que no ha querido ni ha sido capaz de educar y formar en valores y principios morales y éticos a sus ciudadanos, qué se puede esperar de cualquier decisión institucional, próximamente, que lleva en su ADN camino de colapsar a nivel político, social y económico al Estado español.
Estos síntomas se perciben en las distintas informaciones contradictorias de estilo dialéctico beligerante y el carácter conflictivo del pensamiento político mediático de que hemos llegado al final del trayecto con la autodestrucción de la España constitucional al quebrar el Poder Judicial, no solo con la fórmula de elección de los miembros del mismo, sino con la probable amnistía política de quienes dieron un golpe de estado y malversaron fondos públicos con la aquiescencia de aquellos otros partidos que por afinidad ideológica, sin embargo no hacen nada por impulsar las investigaciones para implementar los procesos penales de los 379 crímenes impunes, sin resolver, del terrorismo de ETA, permitiéndose el enaltecimiento individual o colectivo del terrorismo en vez de la defensa del honor y la dignidad de las víctimas.
La destrucción está dentro de las propias instituciones políticas, el Congreso de los Diputados y el Senado, cuyas Cámaras Baja y Alta están hipotecando con espíritu estalinista y secesionista la función parlamentaria, la división de poderes, la independencia judicial, la existencia de garantías constitucionales, el funcionamiento de la justicia totalmente colapsada, y un determinado grado de concordia entre las fuerzas políticas, necesaria para que la democracia funcione.
La Constitución de 1978 ha sido eclipsada, inclusive, por el propio Tribunal Constitucional, una jurisdicción de la verdad, la memoria y la paz, en el sentido de dictar resoluciones judiciales que destruyen el sentido del derecho en nuestra sociedad y la igualdad de los ciudadanos ante la ley.
La característica fundamental de las sociedades que se autodestruyen es su anomía, que hace que sus instituciones de todo tipo, las políticas, pero también las sociales, culturales y morales, proponen unos fines que se encargan de que no se puedan alcanzar. Esta es la situación de España y de parte de Europa. Y por supuesto, hay que decir, claro que si: ¡Basta ya! por la Patria y la libertad de toda España.
En este escenario tan crítico y complejo, aunque se note poco, los cristianos tenemos un papel fundamental en la vida pública. Nos lo dice Lumen Gentium al tratar sobre el Pueblo de Dios: “la misma criatura sea libertada de la servidumbre de la corrupción para participar en la libertad de los hijos de Dios” (Rm 8,21). “Este pueblo mesiánico, por consiguiente, aunque no incluya a todos los hombres actualmente y con frecuencia parezca una grey pequeña, es, sin embargo, para todo el género humano, un germen segurísimo de unidad, de esperanza y de salvación. Cristo, que lo instituyó para ser comunión de vida, de caridad y de verdad, se sirve también de él como de instrumento de la redención universal y lo envía a todo el universo como luz del mundo y sal de la tierra” (cf. Mt 5, 13-16) (LG9).