El Algarrobico

El Algarrobico lleva camino de convertirse en el cuento de nunca acabar, como el El Aleph de Borges. Pero en vez de reflexionar sobre la naturaleza del tiempo y la inmensidad del universo como el genial escritor argentino, en una reflexión infinita, este asunto se ha ha enquistado sin límite tempral vislumbrable, no por la reflexión ni desde luego por la ocupación o preocupación, más bien por la pasividad de responsables públicos, la exasperante inercia de la administración y la falta de coraje político para acometer los problemas, adoptando una posición firme.

El Estado de derecho es un conjunto de principios rectores que establecen que nadie está por encima de la ley. Es fundamental para garantizar la igualdad, proteger los derechos fundamentales y mantener la paz y el orden en la sociedad. Cuando se inició la construcción de este hotel en mayo de 2003, tras obtener la licencia en enero del mismo año, tenía todos los permisos para ello, por lo tanto cumplía la normativa. Como es lógico la empresa promotora, tras conseguir los permisos y elaborar el proyecto que finalmente fue aprobado, comenzó la contratación de profesionales, proveedores, la búsqueda de financiación avalada con los activos de la empresa, también se debe reseñar que obtuvo una subvención del Estado, gestionada por la Comunidad Autónoma, y tras tres años de trabajo, con el hotel prácticamente terminado se paró la obra en el año 2006. Como siempre digo tengo un respeto sacrosanto por todos los emprendedores que arriesgan su patrimonio para llevar a cabo un proyecto empresarial. El respeto al empresario debería estar en el frontispicio de la puerta de cada responsable público, se debe respetar la libertad individual en su más amplia acepción y se debe dar seguridad jurídica a los inversores que quieran desarrollar sus proyectos en nuestra tierra.

El modelo de desarrollo turístico de nuestra provincia, en mi opinión no debería ser el que puede representar el hotel del Algarrobico, lo he dicho en muchas ocasiones, Almería debe apostar por un modelo que nos diferencie de cualquier otro, un modelo exclusivo aprovechando nuestras fortalezas, tres parques naturales, un parque nacional, un gran geoparque, como es nuestra provincia. Un modelo que busque esa exclusividad, esa diferenciación, una marca propia que nos posicione en el mercado de manera indeleble y unifique a toda la provincia como un único destino, la cohesión territorial en nuestra caso es una gran fortaleza, la cohesión en un único destino que resulta exclusivo por su diversidad.

Pero por encima de la definición del modelo en el cual debemos seguir insistiendo en mi opinión, muy por encima de ello, está el respeto a la propiedad privada, al inversor, a todo aquel que lleva a cabo un proyecto de emprendimiento arriesgando su patrimonio, por supuesto con la premisa del cumplimiento de la ley, que es la piedra angular del Estado de Derecho. Como he dicho anteriormente este hotel cumplía con la normativa en el momento de su construcción, esta es la clave de este problema, por lo tanto se debería haber autorizado la finalización de la construcción y su funcionamiento como hotel, en base a la legalidad vigente, el respeto a la propiedad privada y la seguridad jurídica.

La situación actual es que tenemos una sentencia del TS en la cual se ordena la demolición del hotel, pero que insta al ayuntamiento que que revoque la licencia de obras, como paso previo a la demolición. Pero por otro lado tenemos una sentencia del TSJA que determina que el enclave donde se ubica el hotel no está en suelo no urbanizable del parque natural, recordemos que posteriormente a la autorización del hotel se declaro suelo no urbanizable, ahora por esta sentencia vuelve a tener consideración de suelo urbanizable, con la consiguiente ratificación del pleno del ayuntamiento, con lo cual podria ser totalmente incoherente la revocación de la licencia de obras.

Tras 18 años de la paralización de la obra, es mucho más complicado llegar a una solución, pues hay atender a las resoluciones judiciales presentes y futuras, así que esto seguirá, no lo duden. Cada uno de los agentes que intervienen en este asunto tienen una posición que podemos considerar coherente con los principios rectores de sus organizaciones. Green Peace defiende su posición contra la ubicación del hotel, basándose en la preservación del medio ambiente, coherente con sus principios, lo que no es tan coherente son los actos que presuntamente han realizado, invadiendo la propiedad privada sin permiso y realizando performances que podemos tildar de gamberradas directamente. La empresa promotora Azata del Sol, es la gran perjudicada en mi opinión, evidenciando la falta de respeto generalizada de las administraciones al emprendedor. La empresa defiende la inversión que ha realizado y la viabilidad del hotel, basándose en el cumplimiento de las premisas normativas. El ayuntamiento de Carboneras, tiene una situación muy complicada, en cualquier caso con mayor o menor intensidad y acierto ha intentado, dentro de su margen de actuación, defender los intereses de su municipio. La posición más incomprensible en mi opinión es la que lleva sosteniendo estos largos 18 años, la Junta de Andalucía, que sin duda debe recoger las inquietudes y las argumentaciones de todos los implicados, pero una vez que tiene toda la información debe tener una posición propia y firme frente al resto de agentes. Hasta ahora solo ha manifestado el respeto a las sentencias judiciales que se han producido, como es lógico. Esto es una condición necesaria pero no suficiente, debe tener una posición al respecto y actuar en ese sentido, tanto en el plano normativo como en el plano judicial, planteando los recursos necesarios ante los tribunales competentes si procediera.

Los responsables políticos han cambiado pero el problema sigue ahí. Y mientras tanto la empresa inversora sin compensación ninguna, el pueblo de Carboneras castigado una vez más, después del desmantelamiento industrial que ha sufrido. Y lo reconozco no soy imparcial en este asunto, por mis lazos familiares con este maravilloso municipio. Pero además si finalmente se ejecuta la demolición también saldremos perjudicados todos los andaluces, pues el coste elevadísimo de la misma irá en detrimento de las necesarias inversiones que se deben acometer en nuestra tierra.