El Ayuntamiento de Almería ha enviado una carta al Juzgado de Instrucción número 2 de Almería para conocer los detalles de una investigación sobre una posible trama de prostitución y corrupción de menores. Cuatro niñas y un niño habrían sido utilizados para servicios sexuales, incluyendo prácticas fetichistas y otros abusos. Se ha descubierto que uno de los diez procesados es un miembro de la Policía Local de Almería, por lo que el Ayuntamiento ha solicitado información sobre las diligencias practicadas y cualquier acción necesaria en consecuencia. También está implicado un agente de la Policía Local de Adra.
La continuidad del miembro de la Policía Local de Almería dependerá de la información oficial que le sea trasladada desde el órgano judicial al Consistorio. El Ayuntamiento de Adra ha confirmado que el agente investigado fue apartado del servicio al tener conocimiento de las detenciones, ya que el Consistorio se encuentra personado en la causa. Según las pesquisas realizadas en la investigación judicial, el agente habría contactado vía Skype con una supuesta proxeneta y hermana de una de las víctimas, haciéndose pasar por un agente de la Guardia Civil para obtener servicios sexuales con dos menores.
Es importante mencionar que algunas de las actividades investigadas ocurrieron durante el periodo más riguroso del confinamiento por el covid-19, desde marzo de 2020 en adelante. Durante una de estas investigaciones, la Guardia Civil encontró a una menor dentro de un vehículo estacionado cerca de un merendero con un posible cliente, quien también está siendo investigado.
Dentro de los límites establecidos por el estado de alarma, dos personas fueron propuestas para una sanción administrativa por violar las normas de confinamiento. Según la investigación, el policía local de Almería habría contactado con la Guardia Civil que emitió la sanción para interesarse por la denuncia relacionada con una menor, aunque esta no llegó a tramitarse finalmente. Se señala que el policía estaba actuando en su condición de agente.
La principal acusada en este caso admitió al comienzo de la investigación haber proporcionado un servicio a un oficial de policía local de Adra que le pidió servicios de fetichismo. La mujer supuestamente llevó a una menor a la ciudad para encontrarse con el cliente a finales de 2019.
De acuerdo con el testimonio de las víctimas y la propia investigada, un agente de policía recogió a una menor en un vehículo policial en las afueras del municipio y la llevó a unas dependencias municipales para las que tenía llave. La menor rechazó tener relaciones sexuales completas con el policía, quien le mostró sus esposas, pistola y defensa reglamentaria durante el encuentro en el que se realizaron otras prácticas.
De acuerdo con los resultados de la investigación, se ha descubierto que desde finales del 2018 hasta el 2020, la hermana de uno de los menores perjudicados habría actuado como proxeneta al contactar a clientes para ofrecer servicios sexuales a cambio de dinero. En ocasiones, incluso se hacía pasar por la persona que prestaría el servicio. Los menores, con edades entre 13 y 17 años, eran informados del servicio a realizar y el beneficio a obtener por su hermana, quien les daba "instrucciones precisas" o los acompañaba al lugar donde debían prestar el servicio.
Según la investigación, se ha descubierto que las menores fueron presionadas y despertadas para salir de casa en pijama y ser recogidas por clientes. La acusada habría agredido a su hermana después de que se negara a prestar uno de los servicios. Como resultado, nueve clientes han sido procesados por delitos relacionados con la prostitución, la explotación y corrupción de menores, así como abuso sexual a menores. Sin embargo, aún no se ha determinado la calificación exacta de estos delitos hasta que avance el proceso judicial.
Hasta ahora, la juez encargada del caso ha mantenido la situación de libertad provisional para los acusados, pero con la obligación de presentarse ante el tribunal y mantenerse alejados de las víctimas.
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