El consistorio de Almería ha tomado medidas drásticas contra la empresa ASV FUNESER, S.L.U., luego de que se confirmaran una serie de irregularidades graves en la gestión de los servicios de cementerios, tanatorio y crematorio en el municipio, de las que en primer lugar les advirtió el sindicato CSIF, y posteriormente el PSOE llevó a la Fiscalía.
En el propio informe municipal se apunta que hay aspecto que tendrán que ser dirimidos en los tribunales, donde ya han prestado declaración tanto los concejales socialistas denunciantes, como la propia dirección de la mercantil.
Tras un exhaustivo procedimiento disciplinario, el ayuntamiento ha impuesto dos sanciones a la compañía por un total de 40.393,36 €, señalando la gravedad de los incumplimientos detectados, que según ha confirmado Noticias de Almería, se llevó a efecto en el mes de febrero pasado.
La primera sanción, de 20.269,68 €, se debe a la utilización indebida de personal de la concesión en actividades ajenas al objeto del contrato concesional. Según los pliegos reguladores, el personal asignado a estos servicios debe tener una dedicación exclusiva, sin realizar tareas no relacionadas con los mismos. Esta violación se considera grave y está tipificada en los documentos contractuales.
La segunda sanción, del mismo monto, se ha impuesto por el uso no autorizado de las instalaciones de la concesionaria por parte de una empresa externa, en este caso, la Agencia Funeraria La Nueva de Málaga, S.L. Estas instalaciones, incluyendo cocheras, almacenes y oficinas, fueron utilizadas para actividades logísticas no contempladas en el contrato con el ayuntamiento, infringiendo claramente las cláusulas contractuales establecidas.
El proceso sancionador se inició tras la denuncia presentada por la Central Sindical Independiente de Funcionarios, que representa a los trabajadores de ASV FUNESER en Almería. La denuncia señalaba la subrogación de trabajadores hacia la Agencia Funeraria La Nueva de Málaga, S.L., perteneciente al mismo grupo empresarial, con modificaciones sustanciales en sus condiciones laborales e incluso despidos improcedentes. Esta situación generó un impacto negativo en los trabajadores afectados, lo que llevó al sindicato a solicitar su personación en el procedimiento sancionador.
El ayuntamiento ha actuado en concordancia con los intereses de los trabajadores y la legalidad vigente, demostrando su compromiso con el cumplimiento de los contratos y la defensa de los derechos laborales.
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