La defensa municipal la ha llevado la Diputación y el conflicto,relacionado con una subvención cancelada, parte del año 2015
El 15 de septiembre de 2015 el Director General de Urbanismo de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía dictaba una resolución por la que se cancelaba la subvención concedida, correspondiente a la fase de aprobación definitiva, para la redacción del PGOU, por lo que daban de baja el crédito pendiente de 39.760,84 €.
El Alcalde de Macael, Raúl Martínez, manifiesta que “desde un primer momento sabíamos que la Junta estaba actuando de manera incorrecta e injusta y por eso presentamos un recurso contencioso-administrativo contra esta resolución que nos hacía mucho daño ya que eran años muy duros para nuestro ayuntamiento por la falta de recursos pero tenía claro que no existía causa legal para declarar incumplida la ejecución de la subvención y nunca nos íbamos a plegar contra esta arbitrariedad de la Junta en contra de los intereses de todos los macaleros”.
El Ayuntamiento recurrió a los servicios jurídicos de Diputación para plantear su recurso y lo fundamentó, según aparece en la sentencia núm. 1186 de 2018, en que la resolución recurrida no era conforme a derecho ya que la aprobación definitiva le corresponde a esa administración porque el ayuntamiento remitió a la Junta el 10 de mayo de 2013 la solicitud de aprobación definitiva y publicación del PGOU. Asimismo, dice el Alcalde que “en la sentencia queda claro que la Consejería no ha explicado la causa de no haber procedido a la aprobación, y en cualquier caso, nos decían que había informes pendientes en materia de recursos hídricos o de medio ambiente y era porque ellos mismos no nos los redactaban. Ha sido muy duro ver cómo le pides los informes que son preceptivos y obligatorios a la Junta y no te los emiten, incumpliendo sus propios plazos, y encima te anulan la subvención porque ellos no cumplen sus obligaciones”.
El Tribunal Superior ha fallado a favor del Ayuntamiento estimando su recurso y obligando a la Junta a pagar los 39.760,84 € que injustamente les había quitado. El Alcalde termina agradeciendo “a los servicios jurídicos de la Diputación el trabajo realizado ya que han defendido bien a este Ayuntamiento y la justicia ha puesto las cosas en su sitio ya que la Junta nunca debió realizar esta injusticia porque este Ayuntamiento siempre ha cumplido con sus obligaciones y solo pedimos ser tratados como a otros ayuntamientos porque nuestros vecinos se lo merecen”.