La Alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha declarado este lunes que el único problema para la resolución definitiva de la financiación a tres bandas de la segunda fase del soterramiento de las vías del tren para la llegada de la Alta Velocidad a la capital es el informe jurídico y patrimonial que la Junta de Andalucía emitirá para dar el visto bueno al procedimiento acordado en la reunión técnica celebrada el pasado viernes.
Vázquez (PP) ha expresado que, una vez se haya dado el paso, "ya no hablaremos de pagos sino de plazos" para la ejecución de la obra, ya que, según ha destacado, "la financiación está asegurada" por parte del Gobierno, la Junta de Andalucia y, por supuesto, el Ayuntamiento.
La alcaldesa ha asegurado que desde el Ayuntamiento ha habido "una cooperación constante" y que, durante las últimas semanas, se ha intentado asumir un papel de mediación para encontrar la solución técnica adecuada.
Vázquez ha añadido que, una vez se acordaron los criterios para la financiación europea que se destinará al proyecto de Alta Velocidad de Almería a través de la Sociedad Almería Alta Velocidad en una reunión "técnica", el único escollo que queda es el informe que respalde la decisión del ejecutivo andaluz.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) propuso tras la reunión con la Junta que Adif sea quien lleve a cabo las obras de la nueva estación de autobuses y del parking, dentro de la licitación global del proyecto de soterramiento, mientras que la Junta se encargaría de validar las actuaciones, ya que estas son "compatibles" con el marco legal de las ayudas Feder con el que el Gobierno andaluz quiere afrontar su parte, con 48,5 millones de euros.
Con esta solución, la Junta tendría acceso a la estación de autobuses, mientras que Adif se beneficiaría del aparcamiento subterráneo. La propuesta de la Junta, que se sometió a consulta con Hacienda, se basaba en financiar con 45,81 millones de euros de fondos Feder la construcción de la estación de autobuses y del aparcamiento asociado, pasando ambas infraestructuras a ser propiedad de la Junta, sin abarcar el resto de la actuación ferroviaria valorada en unos 240 millones de euros.