El exalcalde de Albox defiende ante el juez que el hormigonado fue legal

Francisco Torrecillas, exalcalde independiente de Albox (Almería), declaró este miércoles en el juicio por el hormigonado de la rambla del municipio en 2017 que su actuación se enmarcó dentro de las "competencias municipales", sin requerir autorizaciones de la Junta de Andalucía. La Fiscalía solicita para él siete años de cárcel, acusándolo de prevaricación, malversación y delitos contra la ordenación del territorio, junto al exconcejal de Obras Públicas José Simeón Campoy y el exinterventor municipal.

Torrecillas aseguró que las obras —ejecutadas en dos fases en julio y septiembre de 2017— se realizaron en terrenos "del Ayuntamiento", en los laterales de la rambla, que no consideró "de dominio público". Argumentó que el espacio ya había sido intervenido con hormigón en décadas anteriores, citando obras de 1975 (a cargo del antiguo Ministerio de Obras Públicas) y 2008 (por la Consejería de Medio Ambiente). "No hice nada ilegal", insistió, señalando que el contrato menor de obras fue gestionado por una técnica municipal, sin su participación directa.

Preguntado por la fiscal sobre la falta de expediente y autorización, el exalcalde reiteró que "no necesitaba ningún permiso" y desplazó la responsabilidad hacia la entonces secretaria municipal, quien —según él— lo asesoró. "Levanté el hormigón porque la delegada de la Junta me lo pidió. Lo hice por miedo a estar aquí, no por convicción", admitió, refiriéndose a la sanción que obligó a retirar el cemento.

Durante la vista, se proyectó un vídeo de una sesión plenaria donde Torrecillas reconocía haber evitado solicitar permisos a la Junta anticipando su denegación. El exregidor tachó el fragmento de "teatro político": "Monté ese teatro para decir que esto se acabó. Hice un bien para mi pueblo con un contrato legal". Pese a su defensa, no supo confirmar si firmó el contrato con la empresa suministradora de hormigón, que facturó más de 32.000 euros.

Peritajes y sentencia pendiente

En la última sesión declararon dos peritos, uno de los cuales corroboró que las obras se realizaron en zona de "dominio público hidráulico", según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Este dato contradice la tesis de Torrecillas, quien insistió en que los terrenos eran "municipales". Su abogado, Santiago Torres Prieto, pidió "indulgencia" al tribunal, subrayando que su cliente abonó la multa y restituyó la rambla para "restablecer la legalidad".

El caso, ya visto para sentencia, marca un precedente en la gestión de cauces públicos en la provincia de Almería, donde la tensión entre competencias municipales y autonómicas sigue latente. Torrecillas, aún concejal en Albox, cerró su intervención convencido de haber actuado "por el bien" del municipio, mientras la rambla —testigo de décadas de intervenciones— espera el fallo judicial.