El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, comparece hoy ante el juez Ángel Hurtado del Tribunal Supremo, en calidad de investigado por un presunto delito de revelación de secretos. Esta citación llega un día después de que el mismo tribunal avalara por unanimidad su nombramiento como jefe del Ministerio Público.
García Ortiz está siendo investigado por la filtración de un correo electrónico confidencial del abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En dicho correo, el abogado reconocía la comisión de dos delitos fiscales por parte de su cliente y proponía un acuerdo con la Fiscalía.
El juez Hurtado ha justificado la citación de García Ortiz basándose en indicios que sugieren un posible "traspaso" de información desde la Fiscalía General hasta la Presidencia del Gobierno. Sin embargo, la defensa del fiscal general, representada por la Abogacía del Estado, argumenta que el juez ha omitido elementos cruciales que podrían exculpar a los investigados y señala que la información supuestamente revelada ya era de conocimiento público antes de la supuesta filtración.
Esta comparecencia se produce después de que la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo rechazara el recurso presentado por la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) contra la renovación de García Ortiz en diciembre de 2023. Este respaldo judicial a su nombramiento, sin embargo, no ha suavizado la tensión y el examen crítico al que será sometido hoy García Ortiz, quien deberá responder no solo sobre la filtración del correo, sino también sobre la eliminación de mensajes en su teléfono móvil y el cambio de terminal tras ser encausado por el Supremo.
La investigación se apoya en informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, aunque la defensa ha cuestionado la credibilidad de algunos testimonios periodísticos que afirmaban haber conocido el contenido del correo antes de que el fiscal general lo reclamara a sus subordinados para desmentir un bulo.
La sesión de hoy promete ser intensa, con la presencia de la Fiscalía, la defensa de otros fiscales investigados, y las acusaciones particulares y populares, que incluyen al propio González Amador y varias organizaciones. Las preguntas no solo se centrarán en la filtración del correo, sino también en la gestión de información confidencial y la integridad de los procedimientos dentro del Ministerio Público.
Esta declaración marca un hito en la historia judicial española, siendo la primera vez que un fiscal general del Estado declara como investigado ante el Tribunal Supremo.
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