El Gobierno ve “muy complicado” resolver el problema Afapa y no da alternativa

El Gobierno socialista de Pedro Sánchez dice que ve “muy complicado” alcanzar una solución legalmente aceptable al problema de la Asociación de padres, familiares y amigos de personas con discapacidad intelectual de la zona norte de Almería, Apafa, que tendrán devolver de modo contante y sonante los 600.000 euros que recibió de subvención para construir su edificio, pero que al parecer, justificó de modo erróneo.

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, ha dicho ya en sede parlamentaria que este asunto “tiene muchos problemas legales. ¡Qué más quisiera yo que poder resolver esto y no haberle dado siquiera a usted la oportunidad de habérmelo planteado!, pero la Ley de contratos dice lo que dice y la situación actual es muy difícil. Lo estamos intentando resolver de la forma que sea, pero siempre en el marco de la legalidad. Podrán entender que fuera de ese marco, ni el Gobierno ni la Administración se pueden mover. Somos conscientes del problema, como usted, pero es muy complicado.”

Respondía la ministra al senador de Ciudadanos por designación del Parlamento de Valencia Luis Crisol Lafront, nacido en Los Vélez, y que se interesó por este tema.

El senador valenciano recordó que Afapa es una asociación sin ánimo de lucro que gestiona el mayor complejo de atención a personas con discapacidad intelectual. Está ubicada en la comarca de los Vélez y es uno de los centros más importantes y cualificados de su categoría, no solo de Andalucía, sino de toda España. De hecho, se le ha concedido la certificación de calidad avanzada por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y está declarada de utilidad pública.

Crisol explicó que “Como ya sabe la señora ministra, Apafa atiende en torno a 100 personas con discapacidad intelectual y cuenta con más de 100 trabajadores, en su mayoría jóvenes, que generan un motor económico en prestación de toda clase de servicios a cientos de familias de toda la comarca de forma indirecta. Apafa planteó tres opciones a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales para lograr sobrevivir. La primera, que el Gobierno no ejecute la sentencia. La segunda, que se entregue una subvención directa a la asociación. Y la tercera, que el Ministerio de Hacienda absorba parte de las instalaciones de la asociación, que están valoradas en aproximadamente dos millones y medio, y que Apafa siga gestionándolas”.

En ese sentido añadió que “Sobre la segunda opción, el artículo 22.2 de la Ley de subvenciones dice: Podrán concederse de forma directa y con carácter excepcional aquellas subvenciones cuando se acredite razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras que debidamente se justifiquen durante su convocatoria. Estoy convencido de que cuando el caso pase de ser una causa judicial a ser una cuestión política, por la sensibilidad social que tiene y por los intereses tan nobles con los que se creó, el Gobierno actuará con sentido común e imaginación y buscará la solución más conveniente para que las más de cien personas con discapacidad, los familiares, los trabajadores, los casi mil socios, toda la comarca de los Vélez y la provincia de Almería no sufran la desaparición de Apafa”.

Aunque la ministra no dio solución alguna, y se limitó a expresar que era “muy complicado”, el senador de Ciudadanos le agradeció su interés, y le apuntó la posible inejecutabilidad de la sentencia.