El Ayuntamiento de Almería ha plantado cara al “tasazo de Sánchez” con la basura para defender los intereses de los almerienses con una política fiscal valiente y responsable.
La entrada en vigor del nuevo modelo estatal para la gestión de residuos obliga a los municipios de más de 5.000 habitantes a repercutir el coste total del servicio de recogida y tratamiento de basura sobre los vecinos. Una medida enmarcada en un discurso de sostenibilidad que esconde una realidad menos amable: un aumento significativo de la presión fiscal sobre los ciudadanos, siendo el “tasazo de Sánchez” uno más de los casi ya cien impuestos que ha subido desde que llegara a Moncloa.
Ante este escenario, la alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha presentado un paquete de rebajas fiscales que contrarresta el “tasazo de Sánchez”, con una bajada del tipo impositivo del IBI del 0,61% al 0,575% (un 5,7%); una reducción del 5,2% en el Impuesto de Vehículos, y bonificaciones por domiciliación que se duplican hasta llegar al 2%. En total, un ahorro para los almerienses de 4,5 millones de euros frente a los 4,2 que supondrá aplicar la nueva tasa estatal.
Mientras el Gobierno impone, el Ayuntamiento busca soluciones. Nadie niega la necesidad de avanzar hacia una gestión más moderna y eficiente de los residuos, pero ese camino no puede recorrerse a costa de la estabilidad financiera de los ayuntamientos ni del bolsillo de los ciudadanos. La sostenibilidad no es excusa para imponer más impuestos sin planes que ayuden a avanzar en la Economía Circular con infraestructuras de gestión de residuos, con ayudas directas a los municipios o con planes de concienciación que ayuden a entender que entre todos debemos avanzar.
El Ayuntamiento ha dado un ejemplo de cómo se puede aplicar una normativa nacional sin renunciar a proteger a los vecinos y, aún estando de acuerdo en los objetivos, no lo estamos en cómo lograrlos porque mientras unos creemos en el diálogo y en el consenso, otros se inclinan por la mera imposición.
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