La democracia se sustenta en la separación de poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Además, cuenta con un contrapeso fundamental: la prensa libre. El reciente plan de regeneración democrática anunciado por el presidente Pedro Sánchez ha despertado una ola de críticas por su potencial para desestabilizar esta estructura esencial.
Sánchez, con una escalofriante minoría parlamentaria que le tiene pendiente de un hilo, ha manifestado su disposición a prescindir del Legislativo en ciertas circunstancias, una postura que plantea serias preocupaciones. La capacidad de legislar sin la necesaria intervención y supervisión del Parlamento erosiona la base misma de la democracia representativa. Este movimiento no solo centraliza el poder en el Ejecutivo, sino que también minimiza la voz del pueblo, que se expresa a través de sus representantes electos.
Es más. No estamos en un sistema presidencialista, sino en una monarquía parlamentaria, pero el Plan Sánchez es arrogarse todo el poder directamente o mediante subterfugios de infiltración en otras instituciones, mientras despenaliza las injurias a la Corona y reduce su presencia institucional al mínimo, al tiempo que prescindide del Parlamento. ¿Lo pillan?
Otra propuesta inquietante es la despenalización de las injurias dirigidas a los tribunales y otras instituciones del Estado. En una democracia robusta, la integridad y el respeto hacia el sistema judicial son fundamentales. Despenalizar las injurias podría socavar la autoridad y la independencia del poder judicial, debilitando una de las tres columnas vertebrales del sistema democrático. Ojo, la crítica a las resoluciones judiciales es un derecho reconocido y se realiza continuamente, por tanto, no hablamos de permitir las críticas, sino de permitir las injurias (La injuria es un delito que implica la imputación a una persona de una conducta o un hecho que afecta su estimación o su renombre. Se refiere a cualquier acto de insulto o acción dirigida a una persona que perjudica su reputación o autoestima).
El uso de medios estatales para denunciar a un juez que investiga a la esposa del presidente, y no al presidente mismo, es otro punto controvertido: dinero público para uso privado, por mucho que se alambique la decisión. Este tipo de acción sugiere un intento de influir en procesos judiciales y de intimidar a la judicatura. Más preocupante aún es no abordar el levantamiento de la inmunidad a altos cargos del Gobierno, lo que crea un ambiente de impunidad y falta de transparencia.
El aspecto más alarmante del plan de Sánchez es el control sobre la prensa. Delegar en terminales del propio Gobierno la autoridad para decidir quién es periodista y qué constituye un medio de comunicación es un golpe directo a la libertad de prensa. La prensa libre es el cuarto pilar de la democracia, esencial para la fiscalización del poder y la garantía de una ciudadanía informada. Sin esta independencia, se corre el riesgo de establecer un monopolio de la información controlado por el Gobierno, lo que puede derivar en propaganda y censura.
Y ahora vayamos al detalle, al punto en que se encuentra todo ésto. Las irregularidades derivadas de los negocios particulares de la esposa del presidente, Begoña Gómez, en concurso -presunto- con su esposo, han sido desveladas por la prensa, investigadas por un juez, y debatidas en el Parlamento... Pues eso... eso es el plan.
Agenda
