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El Partido Popular al frente del Ayuntamiento de Almería, ha afirmado que apoyar la moción del PSOE para declarar la ciudad "zona tensionada" y por lo tanto poder intervenir el precio del alquiler, es un ataque a la propiedad privada. La iniciativa socialista solo encontró respaldo en Podemos, que presento una en la misma línea, pero aún más intervencionista.
La portavoz socialista, Adriana Valverde, ha asegurado que el PP "ha perdido hoy la oportunidad de contribuir a moderar el precio de la vivienda de alquiler en nuestra ciudad votando no a una iniciativa del PSOE para que Almería sea declarada “zona tensionada” de modo que pueda aplicarse el índice de precios de referencia que prevé la Ley estatal del Derecho a la Vivienda".
El Gobierno de España ha impulsado la primera Ley estatal del Derecho a la Vivienda que prevé un índice de referencia del alquiler para moderar un mercado, el de la vivienda en alquiler, que no ha dejado de crecer, con precios desorbitados e inalcanzables para muchos jóvenes y familias, decía Valverde.
Para que ese índice se pueda aplicar se necesita que la comunidad autónoma, en este caso Andalucía, apruebe la solicitud del Ayuntamiento. Y eso es lo que pretendía el PSOE hoy con su iniciativa en Pleno: que el Ayuntamiento inste a la Junta de Andalucía a redactar un estudio que valore si Almería puede ser declarada zona tensionada, para que pueda aplicarse dicho índice.
La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha lamentado la oposición del PP a una norma que es positiva para el conjunto de la sociedad, para inquilinos, pero también para propietarios, porque prevé distintos tipos de bonificaciones fiscales para quienes alquilen.
“El acceso a la vivienda es ahora mismo una emergencia en nuestra ciudad porque desde el PP en el Ayuntamiento en 20 años no se han sentado las bases para que los almerienses puedan acceder a viviendas asequibles en todos los barrios”, ha criticado Valverde, quien ha vuelto a insistir en que “no puede ser una política de vivienda pública vender pisos a 200.000 euros como hace la empresa municipal promovida por el PP”.
PARTIDO POPULAR
Eloisa Cabrera, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Almería, declaró: “La ley de vivienda negociada por el Gobierno del PSOE, del señor Sánchez, con los independentistas de Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu, es permisiva con la ocupación ilegal y contempla medidas intervencionistas como la regulación de los precios de los alquileres y la declaración de zonas tensionadas. La regulación del precio de los alquileres ya es un ataque a la propiedad privada y plantea inseguridad jurídica.”
Cabrera criticó que durante los más de cuatro años de tramitación de la ley no se contó con las comunidades autónomas para consensuar un texto legislativo. Según ella, ya conocemos el modelo socialista de política de vivienda, desde vivienda gratis prometida en Andalucía hasta la predecesora ley del derecho a la vivienda andaluza, que evidentemente no ha producido los efectos deseados.
“Ahora pretenden reproducir la demagogia de la ley de la vivienda”, afirmó Cabrera. “La demagogia y la propaganda a nivel estatal en un tema tan sensible que, como bien dicen ustedes, es un derecho recogido en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía y que, por supuesto, es una prioridad para todos nosotros.”
Cabrera mencionó que Andalucía ha presentado recursos de inconstitucionalidad por invasión de competencias. También citó al portavoz del portal inmobiliario Idealista, quien expresó que dedicar tiempo y dinero a un índice que limita los precios, echa más gasolina al fuego y muestra una falta de responsabilidad y sensibilidad con la desesperación de miles de familias que no encuentran casa.
“El índice de precios es un paso más que confirma la crónica de la muerte anunciada del mercado del Arquilé. Es un ejercicio de reincidencia en políticas ya fracasadas en países de nuestro entorno donde destruyeron el mercado”, dijo el portavoz de Idealista, según Cabrera.
Cabrera concluyó que con la aprobación de la ley de vivienda, el Ejecutivo y sus socios han generado un grave desequilibrio y no se han convertido en un país de la vida. Añadió que muchas de las medidas anunciadas, como los controles de precios, amenazan con llevarse por delante un derecho igual de constitucional, que es el derecho a la propiedad privada.
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