El PP exige al Gobierno andaluz que aplique las medidas aprobadas contra agresiones a sanitarios

La parlamentaria andaluza del Partido Popular de Almería Rosalía Espinosa ha destacado la enorme preocupación que tanto el Sindicato Médico como personal de enfermería y auxiliares le han trasladado ante la evolución ascendente de las agresiones sanitarias que se están produciendo en centros de salud y en hospitales almerienses y andaluces, un problema que va a más y que lamentablemente “la Junta no encara para solucionarlo cuanto antes”.

Espinosa exige al Gobierno andaluz que actúe, porque los profesionales sanitarios no pueden ir a sus puestos de trabajo con miedo, y recuerda al PSOE como el PP defendió en el Parlamento Andaluz una iniciativa en la que se recogían propuestas para poder acabar con este problema y en la que se pedía una mayor protección y seguridad para los profesionales sanitarios, Proposición No de Ley que fue aprobada por unanimidad y que a día de hoy no se ha puesto aún en marcha.

La parlamentaria del PP afirma que el Plan de Seguridad de 2005 ha quedado “obsoleto” y señala que es necesario crear uno nuevo, y como no, poner en marcha medidas para que los profesionales no se sientan solos, que es lo que está ocurriendo actualmente.

“Es necesario que de una vez por todas la Junta actúe, porque gracias a los profesionales sanitarios de nuestra provincia y de nuestra comunidad la atención sanitaria en Andalucía es muy buena, a pesar de las graves deficiencias que existen en cuanto a medios materiales y falta de profesionales, que es algo que se escapa a su labor diaria y que depende de la Administración”, ha dicho.

Rosalía Espinosa señala que si las agresiones físicas a los profesionales sanitarios han aumentado en el último año un 40% se debe a que son ellos los que dan la acara en el SAS y a los que se culpabiliza de las deficiencias del sistema sanitario.

“Los profesionales sanitarios son los que reciben las quejas y contra los que se arremete por la mala gestión del Gobierno de Susana Díaz y de los gerentes sanitarios, así como por los recortes que ha hecho el gobierno andaluz en esta materia”, afirma.

Finalmente, espera que la Junta actúe de una vez por todas y ponga en marcha las medidas del Partido Popular para poner coto a las agresiones sanitarias, medidas entre las que se encuentran las siguientes: reconocer y garantizar la autoridad de los profesionales del sistema público de Andalucía y fomentar la consideración y el respeto que le son debidos en el ejercicio de sus responsabilidades; agilizar los trámites para poner en valor la fuga del Interlocutor Policial Territorial Sanitario; adoptar las medidas necesarias para que los profesionales que se encuentren de baja por haber sufrido una agresión en su lugar de trabajo no vean reducida su nómina y perciban el total de sus retribuciones; la puesta en marcha de un Plan Integral dirigido al personal sanitario agredido; poner en marcha campañas de información y formación del personal al servicio de la sanidad andaluza; llevar a cabo una revisión y adaptación del actual Plan de Prevención y Atención de Agresiones para los Profesionales sanitarios; crear un observatorio de agresiones a nivel de Andalucía compuesto por todas las partes implicadas; fomentar e impulsar la interposición de denuncias por agresiones físicas, verbales y coacciones sufridas por el personal del SAS; actuar en la raíz del problema velando por la mejora de las condiciones sociolaborales de los trabajadores de la sanidad pública; realizar campañas informativas y vigilar las agresiones que sufren los profesionales sanitarios a través de redes sociales.

RESPUESTA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Es lamentable que el Partido Popular trate de usar un tema tan grave como es el de las agresiones a profesionales sanitarios para hacer política. Demuestran con ello una evidente falta de escrúpulos, así como de empatía hacia los profesionales víctimas de ataques.

Los actos de violencia contra los servidores públicos sanitarios carecen de cualquier justificación y son conductas que la sociedad en su conjunto debe rechazar de forma enérgica. Tratar de justificar la conducta de los atacantes en base a supuestas carencias de los servicios sanitarios es amparar su actitud violenta, lo que resulta intolerable, además de peligroso.

Hay que recordar que la agresión física o intimidación grave contra profesionales del sistema sanitario público en el ejercicio de su función pública asistencial viene siendo considerada como delito de atentado por los tribunales de Justicia, y así se han dictado sentencias condenatorias a penas de prisión.

Se trata de un tema muy sensible, que ha aumentado en los últimos años en todas las comunidades autónomas, gobernadas por partidos de muy distinto signo político y que exige una respuesta y una reflexión profunda de toda la ciudadanía. Desde la Consejería de Salud el objetivo es conseguir un estado de tolerancia cero frente a las agresiones, poniendo para ello todas las medidas y medios que sean necesarios

Andalucía fue la primera comunidad en poner en marcha en 2005 el Plan de Prevención y Atención de Agresiones para los profesionales del Sistema Sanitario Público Andaluz y desde entonces también cuenta con el Registro Informático de Agresiones (RIAC).

Este plan contiene tanto medidas preventivas, como protocolos de actuación ante cualquier ataque físico o verbal. En el ámbito de la prevención se incluyen tanto formación específica para los profesionales sanitarios, para actuar en situaciones de tensión; como medidas de seguridad, que van desde la contratación de vigilantes de seguridad, a la instalación de cámaras, timbres avisadores, etc. Ante las situaciones de violencia, el protocolo establecido en el Plan, que ha sido modelo para otras comunidades autónomas, recoge el apoyo jurídico y psicológico al profesional afectado.

El plan cuenta con el consenso y apoyo de organizaciones sindicales, organizaciones colegiales, y asociaciones de consumidores y usuarios, además de estar en sintonía con las directrices establecidas por la Organización Internacional del Trabajo y la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Nuevas medidas antiagresiones

Durante este año 2018, con el fin reforzar y potenciar las medidas de seguridad relacionadas con la formación, en los centros con mayor incidencia de agresiones se está desarrollando una nueva actividad formativa denominada Taller para la Prevención de Agresiones a Profesionales. Esta actividad está planteada para dotar a los profesionales de técnicas para enfrentar las situaciones de agresión, procurando disuadir al agresor. Para esta actividad de 20 horas en modalidad presencial se ha contado como docentes con profesionales de Instituciones Penitenciarias expertos en la materia.

Actualmente, los centros realizan campañas de difusión del plan de prevención y atención a agresiones mediante cartelería, colocación de los flujogramas de actuación en lugares apropiados, información verbal y por escrito en el plan de acogida de los profesionales de nuevo ingreso así como su publicación través de la web del SAS y la intranet de cada centro.

Otra medida más puesta en marcha dentro del plan en materia de prevención en la que se trabaja desde la Administración es la designación de interlocutores sanitarios en cada provincia. Estos interlocutores canalizan la comunicación con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en cuanto a las agresiones registradas en la sanidad pública andaluza, la información sobre las medidas de seguridad puestas en marcha, los cursos de formación y otras medidas de prevención llevadas a cabo por la Consejería de Salud.

Frente a este trabajo incesante de la Junta de Andalucía para poner coto a las conductas violentas en los centros sanitarios, el PP tiene la desfachatez de dar carta blanca a los agresores, al insinuar que una supuesta falta de medios justifica que un paciente pueda agredir a quien cuida de su salud. Es una actitud además bastante hipócrita, teniendo en cuenta que el PP es el partido que más recortes ha impuesto en la sanidad pública en sus años al frente del Gobierno central, así como en las comunidades autónomas donde gobierna, mientras en Andalucía se ha mantenido la universalidad en la asistencia y ni se han cerrado centros ni se han privatizado servicios.