El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Almería elevará este viernes al Pleno de la Corporación una moción solicitando al Gobierno que aclare las “dudas y ambigüedades” de la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, en vigor desde septiembre de 2023, así como la dotación “de los recursos adecuados a los ayuntamientos para su cumplimiento”.
Una normativa “no exenta de polémica desde sus planteamientos iniciales”, denuncian los populares, aludiendo a una falta de concreción denunciada por Ayuntamientos y la Organización Colegial Veterinaria, “profesionales con los que no se ha contado a la hora de redactar un texto que adolece de falta de rigor científico y que en su redacción existen términos confusos y abstractos. Todo esto hace que se estén cumpliendo las previsiones iniciales y que se estén dando multitud de problemas en su aplicación.
“Ambigüedades” reconocen los populares en este texto que generan además, como las propias organizaciones animalistas han denunciado, “una cascada de dudas que comprometen seriamente su efectividad” como Ley. “Se trata de una norma que alude a su reglamento de desarrollo en al menos cuarenta ocasiones y que, debido a las numerosas imprecisiones que existen en su articulado, requiere que este Reglamento se apruebe cuanto antes”, reglamento que, sugiere el Grupo Municipal Popular, en la moción “sea consensuado y sin errores”, al contrario del procedimiento que ha seguido el Gobierno en la aprobación de una Ley “que nace condenada al fracaso”.
Así, y dentro del ámbito municipal, la moción presentada por el Grupo Municipal Popular exige “solucionar los problemas específicos que esta norma genera al tiempo que se dote a las administraciones de los recursos económicos adecuados para su aplicación”.
Recuerdan los populares en esta moción que en España existen poco más de doscientos veterinarios municipales, tachando de “incongruencia” que a los Ayuntamientos se les delegue funciones, competencias y más gastos sin ninguna contrapartida para la aplicación de esta Ley. “Incluso para ayuntamientos como el de Almería, que sí cuenta con este tipo de profesionales, el cumplimiento de esta Ley exige incrementar, de manera muy significativa, las partidas presupuestarias dedicadas a esta materia, ya que esta norma estatal convierte al Ayuntamiento en el último responsable de los animales abandonados, desamparados y extraviados”.
En el caso del Ayuntamiento de Almería, solo para este primer año de vigencia de la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, el gasto en materia de bienestar animal se ha incrementado un 218%, partidas que incluyen los contratos de rescate y recogida de animales, suministro de manutención y asistencia veterinaria en el Centro Municipal Zoosanitario o material quirúrgico para la implantación del control ético de colonias felinas, a los que sumar los gastos empleados en la puesta en marcha del método CER, “todo ello sin la menor ayuda por parte del Gobierno central, que incrementa enormemente las competencias municipales en cuanto a bienestar animal, que algunos llaman seguridad social de los animales, sin haber previsto de modo alguno de qué manera los ayuntamientos pueden hacer frente al enorme incremento de gasto que esto supone”, denuncian los populares.
Insistiendo en la dotación de recursos económicos “para atender el incremento de competencias”, redunda también la petición elevada al pleno por el Grupo Municipal Popular en la “preocupante saturación de los centros zoosanitarios municipales que, como consecuencia de esta Ley, están alcanzando cotas próximas al cien por cien de ocupación. Nuevamente aquí, a pesar de la falta de apoyo estatal, el Ayuntamiento está haciendo sus deberes y se ha incorporado al presupuesto de 2024 una partida, de 20.000 euros, para la redacción del proyecto de obras de ampliación del Centro Municipal Zoosanitario, que traerá consigo, en los próximos ejercicios, la necesidad de nuevos incrementos en el gasto dedicado al bienestar animal”.
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