El Partido Popular no puede esgrimir ni un solo argumento para justificar la mezquina decisión que tomó de votar en contra de la subida de las pensiones. Nada de lo que diga o haga puede tapar el daño que le ha hecho a millones de jubilados y jubiladas que han visto cómo con su rechazo decae el incremento previsto para este año, que suponía un 2,8% de subida de sus ingresos con carácter general y de un 6% en el caso de las pensiones mínimas.
Feijóo y Moreno Bonilla han traicionado de manera mezquina a los 117.000 pensionistas de la provincia de Almería que verán reducida su pensión en febrero. En ese momento, las pensiones se volverán a situar en las cifras del pasado mes de diciembre y el porqué de eso tendrán que explicarlo los dirigentes populares y el resto de los grupos que han votado en contra del decreto ley que amparaba la subida.
En esta ocasión, como en tantas otras, el PP ha priorizado su confrontación con el Gobierno de España por encima de las personas. De hecho, la frase “estamos en el camino correcto”, que ha utilizado la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, para justificar lo injustificable, resume a la perfección en qué andan y lo poco que les importa lo que han hecho.
Partido Popular, Vox y Junts también les han dado la espalda a todos los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital que ya disfrutaban en este primer mes del año de una subida del 9%. Pero ahí no acaba todo, de la misma manera han impedido con su voto en contra consolidar el salario mínimo, que se reduce para 150.000 almerienses, la mayoría jóvenes y mujeres.
Ese atronador no a los más vulnerables debería avergonzar desde el primero al último de los dirigentes populares, pero no parece que se haya producido o se vaya a producir ni un solo ejercicio de autocrítica en sus filas.
Asimismo, en este decreto se contemplaba continuar bonificando el transporte público, impedir desahucios, poner un gravamen a las energéticas y que las comunidades autónomas recibieran 10.000 millones más de financiación a través de las entregas a cuenta, de los que 1.828 habrían correspondido a Andalucía, y 200 millones los ayuntamientos.
¿Ha calibrado Feijóo las graves consecuencias de la decisión que ha tomado? Si la respuesta es no, es evidente que no puede seguir ni un minuto más al frente del PP -de un partido que se supone de Estado, que gobierna en muchos ayuntamientos y comunidades autónomas- por demostrar una insolvencia de tal magnitud. Si la respuesta es sí, que todo apunta ahí, su mala fe lo inhabilita para un cargo público de esa responsabilidad.
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