La noche del 28 de mayo, el PP y Vox se repartieron el poder en seis comunidades autónomas gracias a los resultados electorales. Sin embargo, a día de hoy, siguen sin cerrar ningún acuerdo de gobierno ni de investidura. ¿A qué se debe esta parálisis? ¿Qué intereses ocultan tras sus desencuentros?
Por un lado, el PP quiere evitar dar imagen de dependencia de Vox, un partido que le resta votos por la derecha y que le aleja del centro. Por eso, Génova ha impuesto una estrategia de dilación y de veto a la entrada de los ultraconservadores en los ejecutivos regionales. Su objetivo es esperar a las elecciones generales del 23 de julio para ver si puede gobernar en solitario o con Ciudadanos, su socio preferente.
Por otro lado, Vox quiere rentabilizar su papel de llave para obtener cuotas de poder y de influencia en las políticas autonómicas. Por eso, Abascal ha exigido negociar sin líneas rojas y ha amenazado con forzar elecciones anticipadas o dejar gobernar a la izquierda si el PP no cede a sus demandas. Su objetivo es demostrar la utilidad de su partido ante sus votantes y no quedar relegado a un papel testimonial.
Esta situación de bloqueo evidencia la falta de coherencia y de responsabilidad de ambos partidos, que antepone sus intereses electorales al interés general de los ciudadanos. El PP y Vox deberían dejar de jugar al gato y al ratón y ponerse a trabajar por el bien común. Los problemas de las comunidades autónomas no pueden esperar a que se resuelva el sudoku nacional. Los ciudadanos merecen unos gobiernos estables, eficaces y moderados, no unos pactos oscuros, precarios y extremos.
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