El PSOE pide ahora a la Junta acabar con los asentamientos chabolistas

El portavoz socialista de Presidencia, Mario Jiménez, defiende la PNL aprobada en comisión parlamentaria para la puesta en marcha por la Junta, con implicación del Ejecutivo central, ayuntamientos y ONG, de actuaciones “a gran escala” para poner fin a los asentamientos

El Parlamento de Andalucía reclama al Gobierno de Moreno Bonilla a iniciativa socialista un plan “integral y a gran escala” para la erradicación de los asentamientos chabolistas de inmigrantes que vienen a la comunidad a trabajar en el campo y para garantizar a esta población una vivienda y condiciones laborales y de vida dignas.

El portavoz de Presidencia del Grupo Socialista, Mario Jiménez, ha defendido en comisión parlamentaria la proposición no de ley (PNL) aprobada con el único voto en contra de Vox, por la que la Cámara autonómica insta al Gobierno andaluz a impulsar y liderar la elaboración y puesta en marcha de ese programa de erradicación de los núcleos chabolistas de trabajadores inmigrantes en todo el territorio andaluz, a través del diálogo y con colaboración e implicación del Ejecutivo de España, de las corporaciones locales y de las ONG que trabajan con esta población.

En su intervención, Jiménez ha recordado que el Gobierno de la Junta tiene competencias legales en la atención y gestión de los movimientos migratorios, y ha resaltado el trabajo que en la actualidad hacen “muchas veces en solitario” las ONG y los ayuntamientos, para respaldar a la población inmigrante que se concentra en asentamientos en sus necesidades más básicas. También ha resaltado el papel de organizaciones agrarias que, igualmente, se preocupan de garantizar vivienda en la contratación en origen de estos trabajadores.

No obstante, ha incidido en que “no es suficiente” y se requiere una respuesta “integral” de la Junta a la situación de esta población inmigrante, dado el elevado número de asentamientos en Andalucía, sobre todo en Huelva y Almería. Ha asegurado que el Gobierno andaluz reservó hace unos meses una partida de 2,4 millones de euros para la atención a este colectivo y ha insistido en que “resulta insuficiente”, y ha reclamado la solución global que plantea la iniciativa socialista aprobada y más amplia para evitar que en la comunidad “haya personas malviviendo en nuestro territorio sin respeto a sus derechos laborales y humanos más esenciales”.