En pleno fragor mitinero del fin de semana, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se lanzaba a la precampaña andaluza con declaraciones explosivas. En paralelo a la interparlamentaria del Partido Popular en Sevilla, donde Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno desplegaban su estrategia electoral, Montero irrumpía con una afirmación cuando menos inquietante: cuestionar que los tribunales antepongan la presunción de inocencia a la versión de una mujer en un caso de agresión sexual.
El contexto era el mediático juicio de Dani Alves, quien, tras más de un año en prisión preventiva, ha sido absuelto, pero no sin que el tribunal, compuesto en su mayoría por mujeres, pusiera en duda la solidez del testimonio de la denunciante. Una presunción de inocencia que es la base misma del Estado de Derecho, en la que todos somos inocentes mientras no se demuestre nuestra culpabilidad, algo a lo que debe unirse el in dubio pro reo es decir, que en caso de duda razonable, de falta de pruebas, de versiones contrapuestas... se debe atender a beneficiar al reo. Algo que, dicho sea de paso, también protege a mujeres, hombres y cualquiera que enfrente un proceso judicial.
Las palabras de Montero no pasaron desapercibidas y entre los que han respondido ha estado Xavier García Albiol, alcalde de Badalona por el PP, quien la calificó de "analfabeta". Y aquí es donde entra en escena el victimismo de plantilla. De inmediato, los ofendiditos de guardia corrieron a denunciar una supuesta afrenta al acento andaluz. Lo curioso es que nadie había hablado del acento. Albiol no criticó cómo hablaba Montero, sino lo que dijo y la ignorancia jurídica que demostraba su afirmación.
Me pregunto por qué cuando alguien habla de analfabetismo, inmediatamente la guardia pretoriana de las esencias patrias identifica esa acusación con el origen andaluz de Montero.
El término "analfabeta" se refiere en este caso a un analfabetismo legal: no entender que la presunción de inocencia es la base de nuestro sistema garantista. Y aquí es donde muchos prefieren agarrarse a las hojas del rábano antes que al tubérculo: en vez de responder a la crítica de fondo, se refugian en una polémica identitaria que nada tiene que ver. El socialista Rafael Escuredo, ex presidente andaluz, también se sumó al coro de agraviados, pero sin entrar en lo importante: ¿defiende él que se deba anteponer la palabra de una mujer a la presunción de inocencia?
Bien distinto es que cuando una mujer denuncia un maltrato por parte de su pareja, la Justicia interponga unas medidas cautelares que tiene por objeto no condenar al hombre, sino proteger a la mujer mientras se hacen las primeras indagaciones. Y es que no parece muy lógico que si alguien -hombre, mujer o niño- denuncia que otro miembro de la familia -o incluso compañero de clase- le agrede o le acosa, se les mantenga juntos mientras se investiga, con el riesgo de que si el daño es cierto, éste siga produciéndose.
Es decir, con lo de Alves hablamos de una condena tras un proceso judicial, que además se produce tras un recurso por una sentencia previa, y que aún puede llegar al Supremo. E incluso al Constitucional si alguna de las partes entiende vulnerados sus derechos.
Porque de eso trata la cuestión y es lo que nadie responde. En un Estado de derecho, las garantías procesales no son opcionales ni maleables al calor de la opinión pública o de la conveniencia política. Debería preocuparnos que una vicepresidenta cuestione un principio básico de la justicia. Pero, como siempre, hay quien prefiere desviar la conversación a la eterna y manida polémica sobre los acentos y los agravios territoriales. Hojas de rábano en lugar del rábano mismo.
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