El parlamentario almeriense de Vox, y presidente del sindicato Solidaridad, Rodrigo Alonso, ha reclamado al Gobierno andaluz en el Parlamento de Andalucía, que éste no le de las subvenciones que tiene concedidas, a pesar de que la consejera de Empleo, Rocío Blanco, le había advertido que actuar así sería prevaricación.
El sindicalista de ultraderecha se refería a una subvención de 546.000 euros concedida por la Junta Andalucía al sindicato UGT Andalucía a pesar “de la existencia de expediente de reintegro y procedimientos judiciales en marcha con que cuenta” esta organización.
La consejera le explicó que en la Ley Estatal la Ley General de Subvenciones 38/2003 se establece que para recibir este dinero hay que estar “ al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones por tanto dentro del procedimiento de concesión se recoge que no pueden obtener la condición de persona o entidad beneficiaria quiénes tengan deuda en periodo ejecutivo de cualquier otro ingreso de derecho público de la Junta de Andalucía”, y que a UGT ya le fue denegada la subvención de 2019 por ese motivo, pero que “en 2020 sin embargo la Unión General de Trabajadores presento solicitud de subvención y se procedió a la concesión de la subvención nominativa tras constatarse que no había reintegros pendientes de pago, extremo confirmado con certificación de la Agencia Tributaria de Andalucía ATRIAN”.
La consejera concluyó advirtiendo que “la anulación de una concesión de subvenciones que hayan sido concedidas con anterioridad o la paralización de pagos, no constituye una apreciación discrecional del órgano rector, sino que debe traer su causa de índole administrativo por mandato judicial”, resaltando que “no es una cuestión menor” ya que “la no concesión de una subvención cuando el beneficiario cumple con estas condiciones de las normas vigentes estaría tipificada como prevaricación”.
En ese mismo sentido, Blanco ha recordado que UGT tiene pendientes reintegros de subvenciones “firmes en vía administrativa, están recurridos ante el Contencioso-Administrativo” y el mismo tribunal tiene concedida la medida cautelar de suspensión de la devolución, por lo que oficialmente no aparece en el sistema como deudora, y por tanto tiene plena capacidad para cobrar la subvención otorgada.
Al sindicalista de Vox no le importó ese detalle, y aunque reconoció que “desde el punto de vista jurídico” la consejera tenía razón, quiso poner de manifiesto que el sindicato rival no merece el dinero, porque “UGT ya no defiende a los trabajadores, eso es mentira” y “simplemente lo que le importa es su lobby sindical”.
El sindicalista de Vox llamó la atención sobre la quincena de dirigentes del sindicato de izquierdas que están procesados por presunto fraude en las subvenciones para la formación de desempleados, y que “tanto UGT como Comisiones Obreras se apropiaron indebidamente de la recaudación de las residencias de tiempo libre, y se apropiaron con la complicidad del PSOE”.
Concluyó admitiendo que “probablemente por una cuestión jurídica no tengan deudas en vía ejecutiva” pese a lo cual insistió en la necesidad de cambios normativos porque “no podemos seguir subvencionando” a la UGT.
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