El debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones en España suele estar marcado por el pesimismo y la alarma. Sin embargo, existen datos que permiten tener una visión más optimista y realista de la situación actual y futura de las pensiones públicas. Sin ser economista, pero con la base de los tres años de esta disciplina que se estudiaba en Periodismo y sobre todo, después de escuchar a unos y a otros, y mirar los números que este martes daba el propio Gobierno, me atrevo a afirmar que el sistema de pensiones es sostenible si se adoptan las medidas adecuadas.
En primer lugar, hay que tener en cuenta que el sistema de pensiones español es de reparto, es decir, que se financia con las cotizaciones sociales de los trabajadores y las empresas. Esto implica que el equilibrio financiero del sistema depende de la relación entre el número de cotizantes y el número de pensionistas, así como del nivel de las cotizaciones y de las pensiones. Por tanto, para garantizar la sostenibilidad del sistema, hay que asegurar que los ingresos por cotizaciones sean suficientes para cubrir los gastos por pensiones.
Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el gasto en pensiones contributivas alcanzó en agosto de 2023 los 10.583 millones de euros, un 3,2% más que en el mismo mes del año anterior. El número de pensiones contributivas ascendió a 9.956.160, un 0,9% más que hace un año. La pensión media del sistema fue de 1.063,35 euros mensuales, un 2,3% más que en agosto de 2022.
Por otro lado, según la propia Seguridad Social, los ingresos totales en el mes de julio de 2023 fueron de 21.123 millones de euros, un 7,8% más que en el mismo mes del año anterior. De esta cantidad, 19.978 millones correspondieron a cotizaciones sociales, un 8% más que hace un año. Esto supone que los ingresos por cotizaciones superaron ampliamente los gastos por pensiones contributivas en julio de 2023, lo que indica que el sistema tiene un saldo positivo.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que el sistema de Seguridad Social no solo se ocupa de las pensiones contributivas, sino también de otras prestaciones no contributivas o asistenciales, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), las pensiones no contributivas o las prestaciones familiares. Estas prestaciones suponen un gasto adicional para el sistema que no se financia con las cotizaciones sociales, sino con transferencias del Estado o con recursos propios del sistema. No es el momento ahora de analizar si han de seguir pagándose o no, que es otro debate, pero lo que está claro es que las contribuciones de los trabajadores a la Seguridad Social solo deberían tener como fin cubrir a los contribuyentes y sus beneficiarios, y el resto -insisto porque es la clave- debe ser asumido por los PGE.
Según los datos del Ministerio, el gasto en prestaciones no contributivas y asistenciales ascendió en agosto de 2023 a 1.072 millones de euros, un 6% más que en el mismo mes del año anterior. El número de beneficiarios fue de 1.189.722, un 4% más que hace un año. La prestación media fue de 900,66 euros mensuales, un 1,9% más que en agosto de 2022. Basta mirar esos números para comprender que los no contribuyentes crecen a mayor ritmo, y que como sus pensiones son más bajas, suelen revalorizarse por encima de las contributivas. Eso habrá a quien le parezca bien, y a quien le parezca mal, pero no es la Seguridad Social quien debe abonarlo con sus fondos propios, a no ser que sigamos engañándonos, transfiriéndole dinero desde los PGE a la "caja común" en vez de pagarlo directamente.
Esto significa que el sistema tiene que hacer frente a un gasto extra que no se corresponde con su naturaleza contributiva y que supone una carga para su equilibrio financiero. Por eso, una medida necesaria para garantizar la sostenibilidad del sistema es separar las fuentes de financiación y trasladar el gasto asistencial a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). De esta forma, se liberaría al sistema de Seguridad Social de una parte importante del gasto y se reforzaría su carácter contributivo. Es decir, no se trata de eliminar esas prestaciones, sino de abonarlas con cargo a los PGE directamente, porque es donde deben estar, porque los contribuyentes a la Seguridad Social también contribuyen mediante el IRPF o el Impuesto de Sociedades y otros tantos.
Además, hay otras medidas que pueden contribuir a mejorar la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo, como incentivar el ahorro complementario a través de planes de pensiones privados o de empleo, en vez de reducir sus beneficios fiscales, de tal modo que mientras anuncian que tu pensión será cada vez más tardía y reducida, tampoco animan a que tú te encargues de preparártela.
En conclusión, el sistema de pensiones español es sostenible si se adoptan las medidas adecuadas para garantizar su equilibrio financiero y su adecuación social. No hay motivos para caer en el alarmismo ni en el conformismo, sino para afrontar el reto con responsabilidad y consenso. Las pensiones públicas son un pilar fundamental del Estado de bienestar y un derecho de los ciudadanos que hay que preservar y mejorar.
Agenda
